Arrabe Asesores
· Área Privada
· Área Privada
 
 
¿Olvidó su contraseña?
Cancelar

Boletín nº 3 - Marzo de 2010

Haciendo clic en el titular de cada noticia, tendrá acceso al detalle de la misma.

Detalle del Boletín nº 3 - Marzo de 2010

  • Orden EHA/769/2010, de 18 de marzo, por la que se aprueba el modelo 349 de declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias, así como los diseños físicos y lógicos y el lugar, forma y plazo de presentación, se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática, y se modifica la Orden HAC/3625/2003, de 23 de diciembre, por la que se aprueban el modelo 309 de declaración-liquidación no periódica del Impuesto sobre el Valor Añadido, y otras normas tributarias.

    La transposición de las directivas 2008/8/CE y 2008/17/CE del consejo ha supuesto la modificación de los artículos 78 a 81 del Reglamento del Impuesto del Valor Añadido. Estos artículos regulan la obligación, contenido, plazos y lugar de presentación de la declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias.

    Estas modificaciones son:

    La inclusión de las prestaciones de servicios y adquisición de servicios tal como se definen en el Reglamento del impuesto.

    Empresarios o profesionales que presten o reciban dichos servicios tendrán la obligación de presentar la declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias (modelo 349).

    El plazo de presentación del modelo 349 será como norma general será mensual, aunque en determinadas circunstancias este podrá ser trimestral, anual y excepcionalmente bimensual.

    La modificación realizada del artículo 5 de la Ley del Impuesto del Valor Añadido, en la Ley 2/2010 otorga la consideración de empresario o profesional a las personas jurídicas que no actúen como empresarios o profesiones siempre que tengan asignado un número de identificación a efectos del IVA. Para disminuir la carga administrativa de las entidades anteriores podrán liquidar el importe del impuesto mediante el modelo 309 (liquidación especial de carácter no periódico).

    Por último para preservar el carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria del modelo 303, se ha considerado necesario que el «Ejemplar para la entidad colaboradora» de dicho modelo contenga exclusivamente los datos identificativos del declarante, el ejercicio, período y el resultado de la autoliquidación.

    Volver Arriba

  • Obligación de la Administración de realizar la liquidación provisional en seis meses a contar desde la fecha de petición de la devolución de las cantidades correspondientes al IVAObligación de la Administración de realizar la liquidación provisional en seis meses a contar desde la fecha de petición de la devolución de las cantidades correspondientes al IVA.

    Es obligación de la Administración el realizar la liquidación provisional en el plazo de seis meses a contar desde la fecha de petición de devolución de cantidades correspondientes a IVA cuando el IVA soportado es superior al repercutido, y a proceder a su devolución en el plazo de treinta días.

    Cuando la Administración no realice la liquidación provisional en el plazo de seis meses viene obligada a devolver la cantidad solicitada en el plazo de treinta días. Ello significa que transcurridos los señalados plazos, existe un acto firme, sea expreso o tácito, por el transcurso de seis meses en orden a la obligación de abonar el IVA reclamado, y transcurrido el plazo de treinta días es exigible la deuda. En tal momento concurren todos los requisitos para afirmar que dicha deuda es exigible.

    Volver Arriba

  • Simplificación de las normas de facturación del IVA

    Hasta la fecha, las normas de facturación del impuesto sobre el valor añadido han sido tan complicadas que han obstaculizado el uso de facturas electrónicas en el comercio transfronterizo. Para que las empresas puedan ahorrar gastos y aliviar cargas administrativas, el Consejo ECOFIN de 16 de marzo llegó a un acuerdo general sobre una Directiva cuyo objetivo es modernizar los requisitos de facturación del IVA.

    Se calcula que el nuevo instrumento puede llegar a reducir las cargas de la industria hasta en 18.000 millones de euros anuales. Supondrá una ayuda particularmente significativa para las pequeñas y medianas empresas (PYME), ya que se extenderá el uso de las facturas simplificadas para incluir importes menores. Por otra parte, permitirá a las PYME declarar el IVA con arreglo a un régimen de contabilidad de caja. Las facturas en papel y las electrónicas recibirán el mismo trato. Se armonizarán las normas sobre conservación de la información y periodos de registro. La Directiva debería estimular el comercio electrónico.

    La propuesta también incluye medidas para ayudar a las autoridades fiscales a atajar el fraude al IVA. Las normas sobre deducción del IVA se harán más estrictas para permitir un intercambio de información más rápido sobre el suministro de bienes y prestación de servicios a escala interna en la UE. Dado que las empresas que operen de modo transfronterizo tendrán que informar sobre sus transacciones en el mes en que realicen el suministro, los defraudadores en cascada no podrán abusar de la posibilidad de incluir una factura en un periodo de información posterior.

    Volver Arriba

  • La subida del IVA afectará fundamentalmente a bienes y serviciosLa subida del IVA afectará fundamentalmente a bienes y servicios

    El tipo superreducido del IVA, que grava al 4% bienes considerados esenciales, no subirá el próximo julio, sin embargo, hay muchos productos de primera necesidad que se verán afectados por el aumento de los otros dos gravámenes. El llamado tipo reducido subirá del 7% al 8% y el general pasará del 16% al 18%. Aun así, José Antonio Alonso, portavoz socialista en el Congreso, argumentó que la subida del IVA sólo afectará a "productos de lujo".

    La realidad es que multitud de bienes y servicios cotidianos se encarecerán si los empresarios repercuten el aumento fiscal a precios. El agua, los productos alimentarios elaborados, el transporte de viajeros, los servicios en restaurantes, las viviendas nuevas o las gafas graduadas y las lentillas se gravan con el tipo reducido, que a partir de julio será del 8%. Ninguno de ellos puede considerarse de lujo. Con el aumento fiscal, una casa valorada en 300.000 euros puede costar 3.000 euros más en julio.

    Sólo un ermitaño podría sobrevivir sin notar la subida del IVA. El tipo superreducido, que se mantendrá en el 4%, grava productos como pan, leche, queso, huevos, hortalizas, legumbres y tubérculos. Además, los libros, periódicos, material escolar, medicamentos y viviendas de protección oficial también tributan al 4%.

    El IVA del 16% rige para el resto de productos y servicios que no pueden acogerse a ningún régimen especial. La ropa, el calzado, el tabaco, el alcohol, los CD y DVD, los automóviles o la asistencia dental son algunos de ellos. Así, un coche de 15.000 euros puede encarecerse 300 euros.

    Ante la subida prevista en julio, el Partido Popular reclamó que restaurantes, hoteles y bares pudieran tributar también al 4%. Actualmente aplican el tipo reducido del 7%. Sin embargo, parece poco probable que la Comisión Europea, con amplias competencias sobre el impuesto, permita tal movimiento. El año pasado, sólo tras el visto bueno de la Comisión Europea, Portugal pudo aplicar un IVA reducido a los peajes de los puentes del área de Lisboa y Francia al sector de la hostelería. España ya logró en 1986 -año en que se estableció el impuesto- que Bruselas permitiera, de forma permanente, un gravamen reducido sobre la hostelería.

    A este grupo, se le añadió en el año 2000 la peluquería y ciertos servicios de albañilería. La medida, que se aprobó con carácter temporal, se convirtió el año pasado en permanente tras un acuerdo alcanzado por los Veintisiete.

    Volver Arriba

  • Caen los accidentes laborales en la Comunidad de MadridCaen los accidentes laborales en la Comunidad de Madrid

    El número de accidentes laborales (leves, graves y mortales) registrados en la Comunidad de Madrid en febrero se redujo un 8,35 por ciento respecto al 2009, según los últimos datos de siniestralidad laboral.

    Por sectores, el pasado mes la siniestralidad laboral descendió especialmente en la industria (-12,32 por ciento), con bajadas relevantes también en el sector servicios (-9 por ciento) y la construcción (-7,02 por ciento). Por su parte, la agricultura marcó una bajada del 6,78 por ciento.

    Respecto a los datos acumulados, en los dos primeros meses del año el número total de accidentes laborales descendió un 3 por ciento respecto a los datos registrados en el mismo periodo del pasado año.

    En este caso fue la agricultura la que lideró la bajada de la siniestralidad (-15,38 por ciento), seguida de la industria (-8,25 por ciento), los servicios (5,22 por ciento) y la construcción (4,71 por ciento).

    En febrero se registraron un total de diez accidentes mortales en el trabajo, frente a los cuatro del año anterior. De estos siniestros mortales, seis tuvieron lugar durante la jornada de trabajo mientras que los otros cuatro fallecidos sufrieron accidentes 'in itínere' (en el trayecto a o desde el lugar de trabajo).

    En los dos primeros meses del año han fallecido en accidente laboral 20 trabajadores, siete más que en ese mismo periodo de 2009, según informó hoy el Gobierno regional.

    Volver Arriba

  • Agredir a un jefe no es motivo de despido, según los jueces

    Agredir físicamente al jefe no es causa de despido. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía entiende que la agresión física al jefe, empujándole hasta hacerle perder el equilibrio y lanzar al aire patadas de kárate con el objetivo de alcanzarle, "no reviste la gravedad exigible para constituir causa de despido".

    Para llegar a esta conclusión y declarar el despido como improcedente, el Tribunal valora que el empleado actuó así cuando intuyó que iba a ser despedido. Y considera esta cuestión como “primordial”, pues “si bien no justifica un comportamiento, sí atenúa su gravedad”.

    El fallo aviva el debate respecto a si determinadas circunstancias, como el estado de nervios en el que puede encontrarse el trabajador cuando va a ser despedido, pueden ser un criterio válido de graduación de las sanciones. Un debate que, según los expertos consultados, debería ser enjuiciado por el Tribunal Supremo dada la inseguridad jurídica que provocan decisiones como la del tribunal andaluz que, a la postre, vienen a menoscabar el poder de dirección del empresario.

    Atenuante

    El trabajador –un alto directivo de una inmobiliaria-, cuando se le iba a entregar la carta de despido por disminución de su rendimiento en el desempeño de su cargo, comenzó a llamar al empleador “cobarde, sinvergüenza, ladrón” y a decirle en tono desafiante “me da igual ir a la cárcel, te perseguiré e iré a tu casa a hacer justicia”.

    El empleado, además, empujó con fuerza a su jefe en repetidas ocasiones llegándole a hacer perder el equilibrio. Para evitar que la agresión fuera a más, algunos de los presentes le sujetaron pues “lanzaba al aire patadas de kárate” con la clara intención de alcanzar al empresario.

    Estos hechos, que fueron incorporados a la carta de despido entregada tras el primer intento fallido, son los que el Tribunal entiende que pueden ser sancionados por el empresario, pero no con el despido.

    Volver Arriba

  • Aprobado el plan de prevención y corrección del fraude fiscal, laboral y de seguridad socialAprobado el plan de prevención y corrección del fraude fiscal, laboral y de seguridad social

    El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Integral de Prevención y Corrección del Fraude Fiscal, Laboral y a la Seguridad Social, que ha sido elaborado de forma conjunta entre la Agencia Tributaria, la Tesorería de la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo, y cuyo objetivo es dar respuesta a los cambios que ha experimentado la tipología del fraude como consecuencia del nuevo contexto económico, especialmente en relación a la economía irregular y al trabajo no declarado.

    El Plan aprobado hoy, que entrará en funcionamiento de forma inmediata, presenta sesenta medidas estructuradas en torno a cuatro ejes de actuación: la prevención y el fomento del cumplimiento voluntario; la mejora de los sistemas de captación de información mediante el uso compartido de las bases de datos de los tres organismos públicos encargados del control del fraude –Agencia Tributaria, Tesorería General de la Seguridad Social e Inspección de Trabajo y Seguridad Social-; la puesta en marcha de acciones de control conjuntas, que se sumarán a las propias que ya lleva a cabo cada organismo; y el diseño de actuaciones de recaudación coordinadas para mejorar su eficacia.

    El nuevo plan viene a complementar las iniciativas específicas que en los ámbitos fiscal, laboral y de Seguridad Social ya venían desarrollando los organismos competentes en los últimos años, y que van a tener continuidad en los siguientes; iniciativas como el Plan de Prevención del Fraude Fiscal, que han permitido a la Agencia Tributaria recaudar más de 35.500 millones de euros en los últimos cinco años, mediante la persecución sistemática de los mecanismos de fraude más complejos y sofisticados; o como los Observatorios del Fraude creados por la Tesorería General de Seguridad Social y la Inspección de Trabajo, que han contribuido a afinar los perfiles de riesgo de los distintos sectores de actividad y mejorar sensiblemente los resultados de la lucha contra el fraude en el ámbito socio-laboral.

    Con el paquete de medidas aprobado hoy, el Gobierno espera incrementar en el periodo 2010-2013 en una cantidad equivalente al 0,1 por 100 del PIB los ingresos derivados de la lucha contra el fraude. De este modo, se contribuye así al esquema de consolidación de la finanzas públicas que se recoge en la Actualización del Plan de Estabilidad y Crecimiento.

    Captación de información

    El Plan Integral de Prevención y Corrección del Fraude Fiscal, Laboral y a la Seguridad Social se ha elaborado de forma conjunta para fomentar la cooperación en las actuaciones sobre las formas de fraude derivadas del actual contexto económico. Para ello la utilización de la información es esencial.

    Se establecen instrumentos para la utilización compartida de la información disponible en la Agencia Tributaria, Tesorería General de la Seguridad Social e Inspección de Trabajo, y se prevé la creación de bases de datos conjuntas para incrementar la eficacia de la explotación de esa información. Además, se reforzará la cooperación internacional a través de la firma de nuevos convenios de doble imposición, la participación de programas europeos de intercambio de información y el impulso de una red europea de lucha contra el fraude.

    Otro de los objetivos del Plan es conseguir la implicación de los agentes sociales y económicos en la lucha contra el fraude. En este sentido, se plantearán acuerdos a nivel nacional, autonómico y local para que se impliquen activamente en la lucha contra el trabajo no declarado, y se extenderán los llamados acuerdos de entendimiento y de intercambio de información con organizaciones sectoriales para prevenir el fraude en aquellos sectores con mayor riesgo defraudatorio.

    Actuaciones de control

    Las actuaciones conjuntas de control se centrarán en aquellas áreas de riesgo que se identifiquen como más propensas a la ocultación de actividad y al trabajo no declarado. Por ejemplo, se realizarán actuaciones de detección de trabajadores falsamente autónomos, de inspección de empresas aparentemente insolventes en las que se detecte algún tipo de actividad, de rastreo de indicios de comercio irregular y contrabando, o de control de la jornada laboral, ya sea por horas extraordinarias no retribuidas, o retribuidas y no cotizadas, o bajas indebidas por vacaciones o fiestas.

    Para aumentar su eficacia, estas actuaciones partirán de una planificación coordinada a partir de la información disponible en los registros de los tres organismos públicos, lo que permitirá realizar acciones de control conjuntas e incluso simultáneas, en los casos en los que se estime más oportuno. A la luz de los resultados de estas actuaciones, se estudiarán los cambios normativos que sean necesarios para facilitar que los hechos reflejados en una actuación de control de un organismo determinado puedan incorporarse de forma automática a las comprobaciones que puedan efectuar otros.

    Actuaciones de recaudación

    El Plan recoge la creación de una Comisión Mixta entre la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo para coordinar las actuaciones de recaudación de grandes expedientes y procesos concursales, Comisión en la que se fijarán criterios conjuntos en la concurrencia de embargo y en el cobro.

    También se formalizarán consejos territoriales de coordinación entre la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.

    Fomento del cumplimiento voluntario

    Se fomentará el cumplimiento reduciendo las cargas administrativas con la creación de un certificado conjunto de estar al corriente de las obligaciones tributarias y en materia de la Seguridad Social. También se realizarán campañas de concienciación cívica de cumplimiento de las diferentes obligaciones.

    Volver Arriba

¿Te gusta esta página? Recomienda este sitio en tus redes sociales