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Boletín: Nº 14 - Febrero 2011

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Detalle del Boletín nº 14 - Febrero de 2011

  • Aprobado el plan de choque para promover el empleo estable y la recualificación profesional.Aprobado el plan de choque para promover el empleo estable y la recualificación profesional.

    El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley de Medidas Urgentes para promover la transición al Empleo Estable y la Recualificación Profesional de las Personas Desempleadas.

    Este Real Decreto Ley desarrolla el conocido como Plan de Choque, incluido en el Acuerdo Económico y Social suscrito con los agentes sociales, y que contempla cuatro medidas concretas con un carácter coyuntural:

    • Programa excepcional de empleo para la transición hacia la contratación estable . Tendrá un carácter extraordinario y limitado en el tiempo, 12 meses, y favorecerá la contratación de jóvenes de hasta treinta años y personas en desempleo de larga duración con una jornada a tiempo parcial de entre el 50 y el 75 por 100 del total.
    • Esta contratación dará derecho durante doce meses a una reducción de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social del 100 por 100, si son empresas de menos de 250 trabajadores, o del 75 por 100, en el caso de empresas de más de 250 trabajadores, siempre que suponga un aumento de la plantilla de la empresa.
    • Además, cuando estos contratos tengan carácter temporal, siempre que la duración mínima sea de seis meses, habrá estímulos para su transformación en contratos estables.
    • Programa de recualificación profesional de las personas que hayan agotado su protección por desempleo. Este programa específico de carácter nacional beneficiará a aquellas personas que, a partir del 16 de febrero de 2011, agoten su protección por desempleo.

    Este nuevo programa establece como derechos de las personas beneficiarias:

    Realizar un itinerario individualizado y personalizado de inserción que contemple un diagnóstico sobre su empleabilidad, así como las medidas de política activa de empleo dirigidas a mejorarla. Participar en medidas de política activa de empleo encaminadas a la recualificación y/o reinserción profesional necesarias para favorecer su incorporación al mercado de trabajo, especialmente en sectores emergentes y con mayor potencial de crecimiento. Percibir, hasta un máximo de seis meses, una ayuda económica de acompañamiento de cuatrocientos euros, vinculada a la realización de dichas acciones de política activa de empleo, cuando las rentas en la unidad familiar no superen el 75 por 100 del Salario Mínimo Interprofesional.

    Acciones de mejora de la empleabilidad que combine actuaciones de orientación y formación para el empleo. Los Servicios Públicos de Empleo pondrán en marcha itinerarios individualizados y personalizados de empleo dirigidos a jóvenes, mayores de 45 años en desempleo de larga duración y personas procedentes del sector de la construcción y otros afectados por la crisis que, dentro de estos colectivos, tengan baja cualificación.

    Inclusión de personas desempleadas en las acciones formativas dirigidas a personas ocupadas. Durante 2011 los Servicios Públicos de Empleo garantizarán que, en los planes de formación dirigidos prioritariamente a personas ocupadas, participen en el conjunto del correspondiente plan y en relación con el total de personas que inicien la formación dentro del mismo, entre un 20 por 100 y un 40 por 100 de personas desempleadas.

    Mediante este Plan de Choque, el Gobierno pretende ayudar a las empresas a adelantar decisiones de contratación de trabajadores y trabajadoras, fundamentalmente jóvenes y parados de larga duración; dar cobertura económica a las personas que agoten su protección por desempleo mientras mejoran su empleabilidad; dar apoyo personalizado a las personas en desempleo en la búsqueda activa de empleo e incrementar las posibilidades de formación de las personas desempleadas para mejorar sus oportunidades de regreso al mercado de trabajo.

    Fuente: DatadiarVolver Arriba

  • ¿Vale la pena hacer testamento y cuánto cuesta?....Todo son ventajas¿Vale la pena hacer testamento y cuánto cuesta?....Todo son ventajas

    Sencillo, rápido y fiable al cien por cien. El testamento es el mejor mecanismo para garantizar que se cumplan las decisiones sobre el futuro de los bienes de una persona cuando ésta fallece, con independencia de que el entorno del fallecido sea un matrimonio con hijos, una pareja de hecho, una familia monoparental o bien madres y padres solteros, personas viudas u otros modelos de convivencia. Además, el testamento es cómodo y económico, ya que cuesta en torno a 60 euros.

    Ahora bien, ante la ausencia de un testamento, ¿quién decide cómo se hará el reparto de la herencia? Ni más ni menos que la Ley. La normativa española establece las reglas que regirán en el reparto de bienes cuando no conste por escrito la voluntad del fallecido. En este caso, el régimen legal otorga los derechos sobre la herencia a los hijos y nietos del difunto y, en su defecto, a sus padres o ascendientes. La posición del cónyuge en la línea de herederos no es privilegiada y éste es uno de los motivos fundamentales por los que conviene hacer testamento. Solo en ausencia de hijos, nietos y bisnietos, padres, abuelos y bisabuelos de la persona fallecida, heredaría el cónyuge y sería el Estado el beneficiario de todos los bienes, únicamente cuando no hubiera familiares.

    Éste es un caso menos excepcional de lo que cabría esperar: desde el año 2000, el erario público ha ingresado cerca de 54 millones de euros en concepto de herencias sin destinatario familiar. De ese dinero, 34 millones procedían del patrimonio de los fallecidos y los otros 20 de cuentas corrientes y fondos que quedaron sin dueño tras fallecer el titular.

    VENTAJAS DEL TESTAMENTO

    Morirse sin que conste por escrito la voluntad del finado puede suponer más de un quebradero de cabeza a sus herederos, sobre todo, a sus hijos y al cónyuge viudo de la persona fallecida. Aunque la legislación vigente faculta a los ciudadanos para testar a partir de los 14 años y a pesar de que no tenga inconveniente alguno, hacer testamento es sobre todo recomendable para casados sin hijos, para las personas cuyo cónyuge no trabaja y para las parejas de hecho.

    Emerge una figura imprescindible en la firma de testamentos y reparto de herencias: el notario. Entre la diversidad de testamentos que se acumulan en los cajones de los despachos notariales, el más habitual y aconsejable (no puede ser rebatido) es el testamento abierto notarial. Para cumplimentar este documento se debe acudir al notario con el DNI y explicar con todo el detalle posible el destino que se quiere dar al patrimonio del titular cuando éste fallezca. Ha de saberse que es muy posible que el notario solicite las escrituras de los bienes que se vayan a legar o más información sobre quiénes son los herederos.

    ÚLTIMAS VOLUNTADES

    En el testamento abierto notarial se hace constar la última voluntad del testador en escritura pública, por lo que es éste quien lo redacta y se encarga de que las cláusulas se acojan a la legalidad. Una de las funciones notariales más importantes es la conservación del testamento: el original queda en poder del notario y el testador recibe una copia. Después, el fedatario público registrará este documento en el Registro General de Actos de Última Voluntad con la fecha de realización. En caso de fallecimiento, bastará con acudir a ese registro a través de un Certificado de Últimas Voluntades y conocer si hay testamento, así como determinar, si hay más de uno, cuál es el último y en qué notaría se encuentra. Este proceso garantiza la confidencialidad al testador, que puede estar tranquilo si desea reservar en secreto su última voluntad, ya que solo cuando fallezca podrán los herederos consultar en el registro el contenido del testamento.

    Los testamentos más habituales son los "genéricos", que hacen constar que los bienes comunes de una pareja pasen de uno a otro cuando alguno de ellos fallezca, y a sus hijos si muriesen los dos. En estos casos se deben realizar dos testamentos, uno por cada miembro de la pareja.

    Nuestro país tiene una peculiaridad: la ley que se aplica en el territorio español denominado "común" es la del Código Civil, pero Cataluña, Navarra, Baleares, Aragón, Galicia y una parte del País Vasco disponen de una normativa específica, la foral, que es distinta.

    En el territorio común no se permite que una persona con hijos deje en testamento todo sus bienes, o el usufructo universal de su patrimonio, a su cónyuge. Pero tampoco puede olvidar en el testamento al cónyuge o a uno solo de sus hijos. Si el testamento está sometido al Derecho foral se dispone de mayor libertad para testar, pero hay tantas zonas y modos de hacer testamento y de heredar, que lo más adecuado es consultar cada caso en notarías y abogados especializados.

    CUANDO NO HAY TESTAMENTO

    A pesar de las ventajas de hacer testamento, es frecuente que el Certificado de Últimas Voluntades informe de que el difunto no lo ha redactado. En el orden de la herencia, entonces, cada grupo de parientes excluye al siguiente, es decir, el segundo grupo recibiría bienes en ausencia de los anteriores y así sucesivamente. El orden es el siguiente:

    • Recibirán la herencia los hijos y, solo en su defecto, los nietos.
    • Si no hay ni hijos ni nietos, la herencia recaería en los bisnietos.
    • En ausencia de todos los anteriores, heredarán los padres de la persona fallecida.
    • Los siguientes en heredar son los abuelos y, solo en su defecto, los bisabuelos.
    • Si no hubiera abuelos ni bisabuelos, heredaría el cónyuge.
    • En ausencia de cónyuge, heredarán los hermanos del finado y, en su defecto, los sobrinos.
    • Si no viviera ninguno de estos miembros de la familia, los bienes recaerían en el resto de parientes, pero solo hasta el cuarto grado de consanguinidad.

    El Estado sería el último en heredar, de acuerdo a esta línea.

    El coste de la Declaración de Herederos ante notario puede multiplicar por tres el precio del testamento y llegar a unos 200 euros, pero si se hace ante un juez, como ocurre con los parientes colaterales, los gastos se elevan de manera notable.

    LA PARTICIÓN CUANDO SÍ SE HIZO TESTAMENTO

    Si el fallecido ha dejado testamento, puede haber un reparto expreso de los bienes, de manera que le corresponda uno o unos concretos a cada heredero. Es el denominado testamento particional. Si es así, los herederos deberán ajustarse a la voluntad del testador.

    Por otra parte, la partición voluntaria, realizada por el conjunto de herederos de común acuerdo, puede formalizarse en documento público o privado, aunque lo conveniente es que se haga en escritura pública ante notario. Esto último será obligatorio cuando formen parte de la herencia bienes inmuebles. Con ello se consigue que se puedan inscribir en el Registro de la Propiedad a nombre de los nuevos dueños. También se contempla la opción de repartir la herencia a través de un contador-partidor, que puede haber sido elegido por el fallecido en su testamento o nombrado por el juez a solicitud de los herederos.

    CUANDO HEREDA EL ESTADO

    En ausencia de herederos, el Estado recibe los bienes de una persona fallecida y está obligado a asignar parte de la herencia a instituciones de beneficencia y acción social, tanto públicas como privadas. Comunicar el óbito de alguien que deja un patrimonio sin herederos otorga al denunciante la posibilidad de cobrar el 10% de lo que corresponda a Hacienda por la herencia.

    Fuente: InvertiaVolver Arriba

  • La prevención y lucha contra el fraude fiscal permitió recaudar 10.043 millones.La prevención y lucha contra el fraude fiscal permitió recaudar 10.043 millones.

    Los recursos recuperados suponen alrededor de un 1% del Producto Interior Bruto español.

    El secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, y el director general de la Agencia Tributaria, Juan Manuel López-Carbajo, han presentado hoy los resultados de las actuaciones de prevención y lucha contra el fraude en 2010, que supusieron unos ingresos para las arcas públicas de 10.043 millones de euros, un 23,7% más que en 2009 y alrededor de un 1% del PIB (Producto Interior Bruto). En total, fruto de la planificación eficaz en la prevención y lucha contra el fraude, se han recuperado 45.583 millones de euros desde 2005.

    En 2010, la recaudación directa por actuaciones de control, incluyendo la minoración de devoluciones, ascendió a 8.499 millones de euros, un 21,3 por ciento más que en 2009. La recaudación por regularizaciones voluntarias, atribuible al efecto inducido, aumentó un 38,9 por ciento hasta los 1.544 millones de euros.

    ATENCIÓN AL FRAUDE MÁS GRAVE

    La planificación a largo plazo y el énfasis en la investigación del fraude más complejo y de mayor importe es la principal razón del aumento de los ingresos por prevención y lucha contra el fraude en los últimos años. En 2010 la deuda media por contribuyente inspeccionado ascendió a 250.888 euros, un 43,9% más que en 2009. La deuda media ha ido ascendiendo desde 2005, cuando estaba en 116.000 euros.

    Como muestra del fruto de la planificación y de la atención al fraude más importante, también hay que destacar que en este año el principal incremento se debe a los resultados provenientes de actuaciones de control de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, creada en 2006 y que gestiona la relación con aquellos contribuyentes que tienen una facturación superior a los 100 millones de euros.

    Los expedientes de delito fiscal remitidos a la fiscalía fueron 938 en 2010, y la cuota defrauda en su conjunto sumó 696 millones de euros, un 11,2% menos que el ejercicio anterior.

    Las investigaciones sobre la utilización de grandes cantidades de efectivo con billetes de alta denominación han dado como resultado hasta 2010 unas cuotas liquidadas por un total de 1.114 millones de euros. De éstos, 425,56 millones son por declaraciones extemporáneas, 541,03 por deuda incoada y 147,9 por delitos denunciados.

    En 2010 se inspeccionó a 5.809 contribuyentes del sector inmobiliario, un 16,5% menos que en 2009. La deuda descubierta ascendió, sin embargo, un 19%, hasta los 1.735 millones de euros.

    GARANTÍAS PARA EL COBRO DE LA DEUDA TRIBUTARIA

    Las actuaciones para garantizar el cobro de las deudas crecieron un 8,40%, llegando en 2010 a un total de 2.017. Estas actuaciones se realizan de manera coordinada entre los departamentos de Inspección y Recaudación con el fin de evitar vaciamientos patrimoniales por parte de los defraudadores y han permitido en 2010 incrementar un 20,1% respecto a 2009 el importe total por dichas actuaciones, hasta alcanzar los 1.492 millones de euros.

    LÍNEAS DIRECTRICES DEL PLAN DE CONTROL 2011

    En 2011 los criterios básicos de actuación en las labores de control se centrarán en la comprobación e investigación sobre el fraude fiscal, la lucha contra el fraude en fase recaudatoria y el control sobre los tributos cedidos.

    El grueso de las actuaciones se realizará en sectores en los que existe una mayor percepción de fraude, como es el caso de los profesionales o los contribuyentes con signos externos de riqueza que no se correspondan con los niveles de renta declarados, así como la lucha contra la economía sumergida de forma conjunta y coordinada con la Inspección de Trabajo y la Tesorería de la Seguridad Social.

    El fraude más complejo e importante volverá a recibir una especial atención y se controlará la ingeniería fiscal y la planificación fiscal abusiva: estructuras fiduciarias y entramados societarios creados para evadir el pago de impuestos, la creación de pasivos financieros intragrupo generadores de gastos financieros para reducir o eliminar bases imponibles obtenidas y que deben tributar en España, así como la utilización abusiva de los precios de transferencia sobre todo en tres grandes conceptos:

    • las reestructuraciones empresariales,
    • la valoración de los intangibles,
    • el tratamiento de las pérdidas derivadas de la crisis económica global.

    Continuarán las actuaciones de control de años anteriores, como las relacionadas con las tramas de fraude en el IVA en operaciones intracomunitarias, las comprobaciones de grupos fiscales del Impuesto sobre Sociedades y de grupos de entidades en el IVA, las del sector inmobiliario y otras, ajustadas a la importancia actual de esas actividades y a los riesgos estimados. Por otro lado, se reforzará el control del comercio exterior y de los Impuestos Especiales, se prestará especial atención al control del valor en Aduana de las mercancías importadas, a las actuaciones relacionadas con la seguridad de la cadena logística así como al control de la aplicación de las exenciones o bonificaciones, en especial, en el Impuesto sobre Hidrocarburos y en el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.

    Para el desarrollo de todas estas actuaciones la Agencia Tributaria reforzará los procesos de captación de información y mejorará las herramientas de selección y los métodos de trabajo.

    Fuente: AeatVolver Arriba

  • Los trabajadores afectados por ERE se redujeron casi a la mitad en 2010.Los trabajadores afectados por ERE se redujeron casi a la mitad en 2010.

    El número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) se redujo casi a la mitad en 2010 en comparación con el ejercicio anterior, según los últimos datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

    En concreto, un total de 300.352 trabajadores se vieron afectados por un ERE durante el pasado año, frente a los 549.282 de 2009, lo que, en términos relativos, implica un descenso del 45,3%, después de haber estado en 2008 subiendo a tasas de hasta cuatro dígitos.

    El número de ERE autorizados descendió hasta 17.149, con una caída del 11,7%, de los cuales 15.560 fueron pactados con los representantes de los trabajadores y 1.589 no pactados, afectando, respectivamente, a 263.975 y 36.377 trabajadores.

    Del total de expedientes autorizados en 2010, un total de 7.054 se encuadran en la industria, con un descenso interanual del 30,2%, mientras que 6.698 lo hacen en los servicios (+2%), 2.547 en la construcción (+36,5%) y 850 en la agricultura, frente a los 899 que se vieron afectados en 2009.

    Menos despidos colectivos

    Durante 2010, el número de expedientes de extinción de empleo (despidos colectivos) autorizados por las autoridades laborales descendió un 13,2% en tasa interanual, con 3.457 procesos. Estos expedientes significaron el despido de 51.880 trabajadores, un 18,3% menos.

    Por su parte, los ERE de suspensión temporal de empleo alcanzaron los 10.532, un 20,9% menos, mientras que el número de afectados por estos expedientes se redujo más de la mitad, hasta los 210.359 trabajadores.

    Capítulo aparte merecen los ERE de reducción de jornada, un instrumento que permite combinar la reducción de jornada con el cobro de la prestación por desempleo, y que da derecho además a una bonificación del 50% en las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, siempre que la empresa se comprometa a mantener en el empleo a los trabajadores afectados durante al menos el año posterior a la finalización de la reducción de jornada autorizada.

    Este tipo de ERE no se utiliza demasiado en España, como demuestran los datos que maneja el Ministerio de Trabajo, aunque el Gobierno, adaptando el modelo alemán, ha querido potenciarlo en la reforma laboral como alternativa al despido.

    De los 300.352 trabajadores afectados por ERE en 2010, un total de 3.160 tenían un ERE de reducción de jornada, que aún así supone un 48,3% superior al año anterior. Además, el número de expedientes de reducción de jornada subió un 48,3%, hasta los 3.160 procesos.

    Fuente: ExpansiónVolver Arriba

  • Hacienda puede exigir a las empresas datos sobre sus clientes sin inspección.Hacienda puede exigir a las empresas datos sobre sus clientes sin inspección.

    La Inspección de Hacienda puede solicitar información sobre los clientes de las empresas sin necesidad de vincularlo a inspecciones y comprobaciones sobre la situación tributaria ni de la propia empresa ni de sus clientes.

    Así, se establece en una sentencia del Tribunal Supremo (TS), de 13 de enero de 2011, que anula un auto de la Audiencia Nacional en el que descartaba que la Agencia Tributaria tenga atribuciones para solicitar información sobre terceras personas sin que estas demandas de datos estén ligadas a actas.

    De este modo, Hacienda puede solicitar cualquier tipo de información a las empresas sin esperar a que los tribunales den respuesta a sus posibles recursos.

    En este caso, Hacienda consigue los listados de inmuebles tasados por una sociedad que se negaba a hacerlo al considerar que violaban la intimidad de sus clientes y el secreto profesional de sus tasadores.

    La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif) de la Agencia Tributaria (Aeat) remitió un requerimiento a una sociedad tasadora en la que le solicitaba datos sobre las valoraciones realizadas durante dos ejercicios, que incluían el número de referencia catastral de los inmuebles, datos sobre la ubicación del inmueble valorado (dirección completa, nombre de la calle, código postal, municipio y provincia del inmueble), superficie en metros cuadrados, tipo de inmueble (edificio, piso, unifamiliar, local de negocio...), valor de la tasación e identificación del solicitante de la tasación (NIF, nombre y apellidos o razón social).

    La tesis anulada

    El auto de la Audiencia Nacional (AN) anulado, de 9 de diciembre de 2009, mantenía como único razonamiento que la información solicitada por el inspector jefe no podía facilitarse a la Aeat, ya que no estaba "expresamente vinculada a actas de comprobación de la situación tributaria de sujetos pasivos determinados, ni tampoco con la regulación de la situación tributaria de la propia entidad requerida".

    El auto basaba su decisión en el artículo 93.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LJCA) en el que se establece que las obligaciones de información "deberán solicitarse mediante requerimiento individualizado de la Administración tributaria". Por ello, descartaba la generalización de las exigencias de datos por Hacienda.

    Por el contrario, el ponente de esta decisiva sentencia, el magistrado Montero Fernández, determina que "un acto legalmente respaldado y autorizado por quien posee competencia para hacerlo, pone en evidencia sin necesidad de un examen riguroso la nulidad de la doctrina defendida por el auto de la Audiencia Nacional".

    Mientras que el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) dio la razón a la Aeat, frente al recurso judicial, la AN se decantó por la tasadora.

    El TS dice que la AN ha "ponderado de forma parcial, de todo punto incompleta y sin someterlo siquiera al rigor normativo, la validez del acto, lo que evidentemente excede el ámbito de esta pieza, más cuando al prescindir del debate suscitado por las partes, se resuelve con total ligereza sin tener en cuenta ni los criterios legales ni la jurisprudencia asociada a los mismos".

    El recurso de la empresa tasadora alegaba la falta de vinculación a actas de comprobación, denunciaba la violación del secreto profesional y hacía hincapié en que de accederse al requerimiento, la Administración obtendría una información que podría usar, creándose una situación irreversible, pues si hubiese una sentencia favorable los efectos de entregar la información se habrían consumado.

    Mientras que consideraba que no sufrirían los intereses de la Agencia Tributaria, que tan sólo se verían penalizados en que obtendría la información con un simple retraso.

    No es malo en sí mismo

    El TS responde en la sentencia a estas cuestiones. Considera que es necesario partir de que el Tribunal Constitucional ha sentado que "el conocimiento de los datos de los contribuyentes por la Hacienda Pública no puede ser en sí mismo directamente constitutivo de daños o perjuicios de una entidad comparativamente contrastable".

    El Supremo determina, que una sentencia estimatoria no crearía situaciones irreversibles. En principio conllevaría la devolución de toda la información remitida, y tratándose de un requerimiento de información sobre tasaciones efectuadas, los clientes de la tasadora no son parte en este proceso y no consta que ésta posea su representación para proteger sus intereses, lo que hace que carezca de contenido un eventual quebrantamiento de la confidencialidad.

    El ponente dice que ante un interés público que precisa de modo inmediato el cumplimiento del requerimiento, no cabe oponer "unos pretendidos intereses económicos no determinados".

    Además, alegaba que no puede desconocerse que el interés público demanda, en principio, la inmediata cumplimentación, por la entidad afectada del requerimiento de información, y ello "en aplicación del deber constitucional establecido en el artículo 31.1 de la Constitución, del que constituye una manifestación concreta y esencial la obligación que a determinadas entidades impone el artículo 93 de la Ley General Tributaria".

    En este artículo se establecen las obligaciones de información para las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que deben proporcionar a Hacienda toda clase de datos, informes, antecedentes y justificantes con trascendencia tributaria relacionados con el cumplimiento de sus propias obligaciones tributarias o deducidos de relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas.

    Fuente: El EconomistaVolver Arriba

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