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Boletín nº 26 - Marzo 2012

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Detalle Boletín Nº26 - Marzo 2012

  • La Agencia Tributaria cuestiona deducibilidad en el Impuesto sobre Sociedades de las retribuciones de administradoresLa Agencia Tributaria cuestiona deducibilidad en el Impuesto sobre Sociedades de las retribuciones de administradores

    De sorprendente debería calificarse la Nota publicada en el día de ayer por la AEAT sobre Consideraciones sobre el tratamiento fiscal de los socios de entidades mercantiles

    Por su interés os remitimos nota confeccionada por la Agencia Tributaria sobre el tratamiento fiscal de los socios de entidades mercantiles. (Ver documento PDF)

    Este polémico asunto estalló en Málaga cuando la Agencia Tributaria pretendía sujetar a IVA el sueldo que se declaraba a los socios-administradores de las sociedades mercantiles tomando como base las cantidades declaradas en el modelo 190 al entender que eran actividades económicas y no rendimientos del trabajo. Recientemente desde la Agencia Tributaria de Murcia se han empezado a enviar sorprendentes requerimientos en los que directamente el contribuyente recibe una propuesta de regularización en el Impuesto sobre Sociedades en la que no se tienen en consideración las retribuciones a administradores, con el más que evidente efecto en la cuota tributaria a ingresar.

    La presión de los diversos colectivos y asociaciones profesionales de asesores tributarios, junto a la dudosa legalidad de liquidar el IVA de forma anual y no trimestral (situación que los tribunales de la UE ya le han aclarado en infinidad de ocasiones al Estado español) hicieron que la Agencia Tributaria paralizase estas actuaciones.

    La propia Agencia Tributaria, a petición de los colectivos profesionales del Foro Tributario se comprometió a publicar unos parámetros para establecer las relaciones entre socio y sociedad y su repercusión fiscal y evitar la inseguridad jurídica que se había desencadenado a raíz de los expedientes de Málaga.

    La respuesta es este documento que os hacemos llegar. La impresión que obtenemos es de profunda decepción, ya que prácticamente no aclara nada y nos deja igual que estábamos por cuanto:

    1º Esta nota queda limitada al ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), con exclusión de otros impuestos.

    2º Con independencia de que puedan establecerse en determinados casos criterios delimitadores que permitan determinar de una forma genérica la naturaleza a efectos del IRPF de determinados rendimientos, la concurrencia o no en cada caso de las circunstancias que determinan dicha calificación es una cuestión de hecho, cuya acreditación deberá efectuarse por medios de prueba admitidos en Derecho, según dispone el artículo 106 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre General Tributaria (BOE de 18 de diciembre), correspondiendo su valoración a los órganos de gestión e inspección de la Administración Tributaria.

    Es decir, que la Administración Tributaria tampoco considera vinculantes los criterios que pretende establecer en la nota, ya que luego deja a valoración de los órganos de Inspección la naturaleza de los rendimientos establecidos entre el socio y la sociedad.

    3º La totalidad de las retribuciones percibidas por el ejercicio de las funciones propias del cargo de administrador, con independencia de que se hubiera formalizado adicionalmente a dicho cargo un contrato laboral de alta dirección, deben entenderse comprendidas, a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas, en los rendimientos del trabajo previstos en la letra e), del apartado 2, del artículo 17 de la LIRPF.

    4º Y finalmente, respecto al caso más corriente de socio-administrador que cobra un sueldo por la prestación de un trabajo a la sociedad (y con el cargo de administrador gratuito) la administración peca de una ambigüedad desesperante al establecer que:

    Desde la perspectiva fiscal, resulta esencial analizar en cada caso concreto la presencia o ausencia de las notas de dependencia y ajenidad y la, existencia o no de medios producción en sede del socio, de manera que, existiendo tales medios de producción en sede del socio, sólo en ausencia de tales notas cabrá entender que los socios de la entidad ejercen su actividad ordenando los factores productivos por cuenta propia en el sentido del artículo 27 de la LIRPF y por tanto desarrollan una actividad económica. Por el contrario, la calificación de los mismos será de rendimiento del trabajo cuando existan las citadas notas de dependencia y ajenidad o cuando se carezca de los citados medios de producción.

    Evidentemente, la existencia de tales notas y medios de producción es una cuestión de hecho, correspondiendo su valoración a los órganos de gestión e inspección de la Administración Tributaria y pudiendo ser acreditada por el contribuyente a través de medios de prueba admitidos en Derecho.

    Eso sí, aclara que cuando un socio tenga más del 50% de la sociedad, se presumirá que no existe ajenidad y que debe tenerse en cuenta que en el caso de servicios profesionales (abogacía, asesoría, servicios de arquitectura, medicina…) el principal medio de producción reside en el propio socio, esto es, en la propia capacitación profesional de la persona física que presta los servicios, -se trata de servicios cuya contratación tiene un marcado carácter “intuitu personæ”, de manera que los medios materiales necesarios para el desempeño de sus servicios proporcionados por la entidad son de escasa relevancia frente al factor humano.

    De todo ello sacamos la conclusión de que los socios-administradores que posean más del 50% de la sociedad y que presten servicios profesionales, la Administración va a considerarles, de prosperar los criterios que establece esta nota, que ejercen una actividad económica y no pueden ser retribuidos como rendimientos del trabajo.

    En definitiva la Administración no aclara nada que ya se supiera o se intuyera, ahondando, si cabe aún más, en la cruda inseguridad jurídica.

    Como primera medida sería aconsejable advertir de cuáles son los criterios establecidos por la Agencia Tributaria en esta nota y analizar detalladamente caso por caso por si es conveniente cambiar las reglas del juego entre el socio y la sociedad y ofreciendo varias alternativas para que puedan decidir:

    a) Remunerar el cargo de administrador por estatutos.

    b) Declarar los rendimientos percibidos como rendimientos de actividades económicas (con el alta correspondiente, declaración de IVA, llevanza de libros obligatorios, etc.),

    c) Mantener los rendimientos del trabajo.

    Dada la gravedad, magnitud y posibles efectos que estas medidas pueden traer consigo, les recomendamos que se pongan lo antes posible en contacto con su responsable de cuenta u oficina.

    Fuente: Elaboración PropiaVolver Arriba

  • Modificación opcional de la Base de Cotización en el Régimen Especial de Trabajadores AutónomosModificación opcional de la Base de Cotización en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos

    Les recordamos que antes del próximo 1 de mayo tienen la opción de poder modificar la base de cotización del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos dentro de los límites permitidos por la Leys

    Si están interesados en modificar la citada base o cuota (con la finalidad de aumentar la base de cálculo de la jubilación o la baja de incapacidad temporal), les agradeceríamos que nos lo hicieran saber con la máxima antelación posible.

    Adjuntamos, a título de ejemplo, escala comparativa con algunas opciones (importes vigentes en 2012):

     Tabla de la modificación opcional de la Base de Cotización en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos width=

    * 29,90 % = 29,80 % + 0,1 % (para los autónomos sin protección por contingencias derivadas de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y cese de actividad)

    Asimismo, les informamos que los trabajadores autónomos que, a 1 de enero de 2012, tengan 47 años de edad y cotizan en el RETA por una base inferior a 1.682,70 € mensuales no podrán elegir una base superior a 1.870,50 €, salvo que ejerciten su opción en tal sentido antes del 30 de junio de 2012.

    Si se encuentra en este supuesto y desea cambiar la situación, rogamos nos lo indique con la máxima antelación posible.

    Todas estas modificaciones tendrá efectos a partir del 1 de julio de 2012.

    Para cualquier aclaración o ampliación pueden contactar con nuestro despacho.

    Fuente: Elaboración PropiaVolver Arriba

  • Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursosReal Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos

    El Consejo de Ministros aprobó el viernes un Real Decreto que establece medidas para paliar el problema de los desahucios para las personas en riesgo de exclusión social. En él se fijan los umbrales que dan entrada al colectivo a proteger, se limitan los intereses de demora y se reforman los procedimientos de ejecución extrajudicial

    Junto al Real Decreto Ley, se incluye un Código de Buenas Prácticas que podrán suscribir de forma voluntaria las entidades financieras y que será publicado en el Boletín Oficial del Estado. Una vez suscrito, su cumplimiento será obligatorio y podrá invocarse ante los Tribunales.

    En la norma se fija la definición del umbral de exclusión: que sea primera y única vivienda y que todos los miembros de la familia carezcan de rentas derivadas del trabajo o actividades económicas. Además, la cuota hipotecaria deberá ser superior al 60 por 100 de los ingresos netos que perciban el conjunto de los miembros de la unidad familiar. Deberán, asimismo, carecer de bienes patrimoniales con los que hacer frente a la deuda.

    Valor de la vivienda

    El valor de adquisición de la vivienda hipotecada deberá situarse en los siguientes márgenes:

    • Para ciudades de más de un millón de habitantes: 200.000 euros.
    • Para ciudades de más de quinientos mil habitantes o integradas en áreas metropolitanas de municipios de más de un millón de habitantes habitantes: 180.000 euros.
    • Para ciudades de más de cien mil habitantes: 150.000 euros.
    • Para ciudades de menos de cien mil habitantes: 120.000 euros.

    También para las familias en el umbral de exclusión, el interés moratorio aplicable será el resultante de sumar a los intereses remuneratorios pactados en el préstamo un 2,5 por 100 sobre las cantidades debidas y no pagadas.

    Se aborda, igualmente, en este Real Decreto Ley una reforma de los procedimientos de ejecución extrajudicial, con el fin de hacerlos más ágiles, baratos y transparentes en línea con los de ejecución judicial. En concreto habrá un nuevo sistema de subastas online en colaboración con los Ministerios de Justicia y de Presidencia.

    CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS

    La reforma se completa con un Código de Buenas Prácticas de adhesión voluntaria por parte de las entidades financieras. Éstas deberán comunicar su inclusión a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, quién hará público el listado. La permanencia en el Código será, como mínimo, de dos años y su incumplimiento podrá invocarse ante los Tribunales de Justicia por el afectado.

    El seguimiento será efectuado por una Comisión de Control en la que estará una representación de la Asociación Hipotecaria Española, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Secretaría de Estado de Economía. La Comisión de Control publicará al respecto un informe semestral sobre el grado de cumplimiento del Código.

    El Código de Buenas Prácticas se aplicará en las siguientes fases:

    Reestructuración de la deuda hipotecaria: Los deudores en el ámbito de exclusión podrán solicitar a la entidad una reestructuración de su deuda hipotecaria que haga viable su pago y que deberá estar presentado en el plazo de un mes. Ese plan deberá incluir una carencia en la amortización de capital de cuatro años, la ampliación del plazo de amortización hasta cuarenta años y la reducción del tipo de interés aplicable a Euribor + 0,25 puntos. Podrán solicitar la reestructuración aquellos deudores cuyo procedimiento de ejecución no se haya iniciado.

    Medidas complementarias: Si pese a la refinanciación resulta inviable el pago de la deuda, el deudor podrá solicitar una quita en el capital pendiente de amortización. Se considerará inviable cualquier reestructuración que suponga para la unidad familiar una cuota hipotecaria superior al 60 por 100 de sus ingresos. Podrán solicitar la quita quienes estén en procedimiento de ejecución, siempre que no se haya anunciado la subasta.

    Medidas sustitutivas: Si ninguna de las dos fases anteriores da resultado, los deudores en ámbito de exclusión podrán solicitar la dación en pago de la vivienda. Supondrá la cancelación total de la deuda con la entrega de la vivienda, junto a las responsabilidades personales del deudor. El deudor podrá permanecer un plazo mínimo de dos años como arrendatario pagando una renta anual equivalente al 3 por 100 del importe de la deuda pendiente. Durante dicho plazo, el impago de la renta devengará un interés de demora del 20 por 100. La dación en pago no será aplicable cuando el procedimiento de ejecución haya concluido o si la vivienda está gravada con cargas posteriores

    Fuente: Elaboración PropiaVolver Arriba

  • Directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2012 de la Agencia TributariaDirectrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2012 de la Agencia Tributaria

    El Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2012 se diseña y va a desplegar sus efectos en un contexto económico caracterizado por el crecimiento negativo del PIB y por un déficit de las cuentas públicas que es preciso corregir a lo largo del año de acuerdo con los requerimientos de la Unión Europea. Si combatir el fraude ha sido siempre un objetivo prioritario, en estos momentos resulta esencial.

    El plan anual, que consta de una batería de actuaciones en todos los ámbitos de los distintos departamentos, será acompañado próximamente de una serie de medidas normativas entre las que está la limitación del uso de efectivo.

    La Agencia Tributaria ha publicado el pasado día 1 de marzo a través del Boletín Oficial del Estado las directrices generales del Plan de Control Tributario 2012, que es el principal instrumento de planificación en la lucha contra el fraude fiscal. El objetivo para este ejercicio es alcanzar unos ingresos de 8.171 millones de euros por actuaciones directas de control, un 8 por ciento más que el objetivo del año anterior.

    Para ello destacan, dentro del Plan de Control 2012, una serie de medidas específicas:

    - Lucha contra la economía sumergida. Control de los arrendamientos de viviendas y negocios no declarados, para lo que se cuenta ya con la información de los consumos eléctricos de más de 35 millones de inmuebles en España, así como el control de las mercancías procedentes de Asia, tanto en su importación como en su venta al por menor.

    - Lucha contra el fraude que genera alarma social. Se perseguirá el empleo de facturas falsas, la no facturación por bienes y servicios, y los abusos de formas societarias abusivas que se emplean por parte de colectivos de profesionales, deportistas y artistas. Sobre este colectivo se iniciarán 1.436 actuaciones inspectoras, un 14 por ciento más que el ejercicio anterior.

    - Lucha contra las rentas en el exterior. La Agencia Tributaria utilizará a partir de este año la información relevante a efectos fiscales de residentes españoles con cuentas, o fundaciones, o entramados societarios, en Suiza, Andorra, Panamá, Bahamas o Antillas Holandesas, entre otros países. Este importante avance se va a realizar en virtud de los acuerdos de intercambio de información efectiva, bajo parámetros de la OCDE, que se firman con buena parte de los países antes considerados paraísos fiscales y que entrarán en vigor en 2012.

    - Lucha contra el fraude en el tabaco de contrabando. La Agencia Tributaria perseguirá el comercio de tabaco de contrabando y las tramas criminales que lo sustentan y que producen un grave perjuicio por competencia desleal. Hasta febrero de 2012 se han aprehendido 3,5 millones de cajetillas de tabaco falso o de contrabando, frente a un millón en el mismo periodo de 2011. También se reforzarán las actuaciones contra la falsificación de marcas.

    - Lucha contra el fraude en la recaudación. Recuperar las deudas de quienes se pueden declarar insolventes sin serlo o que ocultan patrimonio es uno de los principales objetivos de la Agencia Tributaria. Para ello se reforzarán los embargos preventivos de bienes y derechos, se intentarán asegurar los pagos de deudas correspondientes a delito fiscal y se solicitará el ingreso en prisión de los condenados que, sin ser insolventes, no cumplan la ejecución de las sentencias. Además se hará un seguimiento continuo de deudores recurrentes para establecer su situación patrimonial y la de su entorno.

    - Coordinación con otras administraciones tributarias. Se perseguirá especialmente la planificación fiscal abusiva que pretenda beneficiarse indebidamente de las diferencias normativas, en particular con los territorios forales.

    Como complemento del plan anual de control 2012 se desarrollarán medidas normativas, aún en fase de análisis técnico, como son:

    - Limitación del uso de efectivo en determinadas transacciones económicas.

    - Limitación del uso abusivo de determinados aspectos del Impuesto sobre Sociedades.

    - Medidas para consolidar el sistema de reacción precoz frente a los fraudes en la acción recaudatoria de deudas, producir mejoras en la investigación patrimonial y recaudación eficaz de responsabilidades civiles y multas por delitos contra la Hacienda pública.

    Por último, a la Agencia Tributaria le gustaría recordar que la forma más eficaz de la lucha contra el fraude consiste en la prevención del mismo y la responsabilidad ciudadana a la hora de pagar impuestos. Para ello mejorará los mecanismos para la corrección de pequeños incumplimientos de forma voluntaria, así como en los servicios de prestación de ayuda en el cumplimiento, como los borradores del IRPF. La Agencia Tributaria recuerda que el fraude es un problema de todos y que las posturas tolerantes benefician a unos pocos en perjuicio de muchos.

    Fuente: Elaboración PropiaVolver Arriba

  • Arrabe Asesores se une a la Red Española del Pacto Mundial de Naciones UnidasArrabe Asesores se une a la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas

    El Pacto Mundial de las Naciones Unidas (United Nations Global Compact) es una iniciativa internacional y voluntaria de compromiso ético destinada a que las entidades de todos los países implanten como parte integral de sus operaciones y estrategia, 10 Principios de conducta y acción en materia de Derechos Humanos, Normas Laborales, Medio Ambiente y Lucha Contra la Corrupción. Fue impulsada por el antiguo secretario general de Naciones Unidas, Koffi Annan, y hoy, con más de 10 años de experiencia, el Pacto Mundial es la iniciativa de ciudadanía corporativa más grande del mundo.

    La misión del Pacto Mundial es fomentar la implantación de los 10 Principios entre sus firmantes, a través de dos áreas:

    Aprendizaje:

    Facilitar a las PYME los conocimientos necesarios para una adecuada gestión de la Responsabilidad Social Empresarial en el seno de la empresa

    ¿Cómo?

    Proporcionando a las PYME una formación en RSE organizando cursos presenciales y facilitando material de apoyo: conferencias, mesas de diálogo, talleres prácticos, foros de debate, guías de implantación, grupos de trabajo, etc.

    Transparencia:

    Fomentar la comunicación y transparencia de las PYME con sus Grupos de Interés mediante la elaboración del “Informe de Progreso”.

    ¿Cómo?

    Proporcionando herramientas prácticas para facilitar la comunicación entre las empresas y sus Grupos de Interés. La Red Española del Pacto Mundial ha desarrollado una herramienta online denominada “Informe de Progreso” para facilitar dicha comunicación. Además, ha adaptado el Informe de Progreso a las PYME mediante una versión más sencilla. Los participantes de la Iniciativa RSE-PYME elaborarán una Memoria de Sostenibilidad en base al Informe de Progreso.

    A día de hoy, el número de firmantes de la Red Española del Pacto Mundial es el siguiente:

    Relación de firmantes de la Red española del pacto mundial

    Los Diez Principios del Pacto Mundial están basados en Declaraciones y Convenciones Universales aplicadas en cuatro áreas: Derechos Humanos, Medio Ambiente, Estándares Laborales y Anticorrupción.

    Derechos Humanos:

    Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales reconocidos universalmente, dentro de su ámbito de influencia.

    Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices de la vulneración de los derechos humanos

    Estándares Laborales:

    Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de Asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.

    Principio 4: Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción

    Principio 5: Las Empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.

    Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y ocupación.

    Medio Ambiente:

    Principio 7: Las Empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente.

    Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

    Principio 9: Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente

    Anticorrupción:

    Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno.

    Según el Foro de Expertos en Responsabilidad Social Empresarial del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales “Una empresa es socialmente responsable cuando responde satisfactoriamente a las expectativas que sobre su funcionamiento tienen los distintos grupos de interés. La RSE se refiere a cómo las empresas son gobernadas respecto a los intereses de sus trabajadores, sus clientes, proveedores, sus accionistas y su impacto ecológico y social en la sociedad en general, es decir, a una gestión de la empresa que respeta a todos sus Grupos de Interés y supone un planteamiento de tipo estratégico que debe formar parte de la gestión cotidiana de la toma de decisiones y de las operaciones de toda la organización, creando valor en el largo plazo y contribuyendo significativamente a la obtención de ventajas competitivas duraderas. De ahí la importancia de que tanto los órganos de gobierno como la dirección de las empresas asuman la perspectiva de la RSE”.

    ¿Cómo se gestiona una PYME sostenible?

    Una PYME es sostenible cuando asume un comportamiento responsable y respetuoso con las necesidades sociales y medioambientales de su entorno. Una PYME sostenible crea valor; y no sólo valor económico, sino también valor ambiental y valor social. De esta forma, la PYME sostenible se compromete a contribuir al progreso de las generaciones presentes y futuras, tanto en su entorno inmediato como en la sociedad en general, a corto, a medio y a largo plazo.

    Cada día, la sociedad exige más compromiso de las PYME con su entorno, de modo que reviertan en cierta medida parte de sus beneficios en la sociedad, en términos de creación de riqueza, empleo, innovación o conocimiento, y en términos de apoyo a proyectos sociales, culturales o ambientales. Las PYME que desarrollen esta estrategia, sin duda, serán más valoradas sus Grupos de Interés, lo que redundará en una posición más sólida y competitiva dentro del mercado.

    A través de esta adhesión Arrabe Asesores adquiere el compromiso público de cumplir con los principios del Pacto Mundial

    Fuente: Elaboración PropiaVolver Arriba

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