Arrabe Asesores
· Área Privada
· Área Privada
 
 
¿Olvidó su contraseña?
Cancelar

Boletín nº 32 - Octubre 2012

Al hacer clic en el titular de cada noticia, usted tiene acceso a los detalles del mismo.

Detalle Boletín Nº32 - Octubre 2012

  • Aprobada la nueva ley contra el fraude fiscalAprobada la nueva ley contra el fraude fiscal

    La nueva ley contra el fraude obliga a declarar bienes en el extranjero, reforma la tributación por módulos y limita los pago en efectivo de más de 2.500 euros.

    Quizás por la mala conciencia de aprobar una amnistía fiscal, quizás por la crisis de ingresos o por una mezcla de ambos motivos. Sea como sea, la nueva ley contra el fraude fiscal incluye reclamaciones históricas de la Organización de Inspectores de Hacienda, un colectivo que lleva años denunciando las lagunas de las leyes antifraude y que, sin embargo, elogian una normativa que, en su opinión, va en la dirección correcta. Los asesores fiscales, en cambio, tildan la ley de excesiva y la culpan de dejar desprotegido al contribuyente ante la Agencia Tributaria. La nueva normativa contra el fraude, la más ambiciosa de la democracia en palabras del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se aprobó definitivamente en el Senado la semana pasada y que hoy se ha publicado en el BOE. Estas son las principales novedades que deben tener en cuenta los contribuyentes:

    Bienes en el extranjero

    La nueva normativa obligará a los contribuyentes a declarar cuentas, activos e inmuebles en el extranjero. Para ello, Hacienda deberá establecer un nuevo formulario y, por cada dato incorrecto, se impondrá una sanción de 5.000 euros. Además, y eso es lo importante, el declarante deberá ser capaz de demostrar que los bienes situados en el extranjero se adquirieron con rentas declaradas. En caso contrario, se imputarán al "al período impositivo más antiguo entre los no prescritos". Esto equivale a una declaración de imprescriptibilidad. Si un contribuyente abrió una cuenta en Suiza con renta no declarada de un millón de euros en 2004 -ejercicio que ya está prescrito- Hacienda, con la legislación actual, solo puede reclamar los intereses logrados por esta cuenta en los últimos cuatro años, pero no el capital total.

    Con el cambio normativo, resulta indiferente que el dinero evadido y situado en el extranjero se haya producido en un periodo impositivo ya prescrito. Siguiendo con el ejemplo propuesto, el contribuyente que evadió un millón de euros en 2004, deberá tributar por todo ese patrimonio al tipo marginal del IRPF, es decir, al 52% en la mayoría de comunidades. En Cataluña, el gravamen asciende al 56%. Eso implica pagar entre 520.000 euros y 560.000 euros. A este importe deben sumarse los intereses de demora y la sanción, que puede ascender al 150% de la cuota a pagar. Esta medida parece diseñada para animar a los contribuyentes a acogerse a la amnistía fiscal, que concluye el 30 de noviembre.

    Coto al pago en efectivo

    A principios de noviembre, cuando previsiblemente entrará en vigor la ley antifraude, se prohibirán los pagos en efectivo superiores a 2.500 euros en operaciones en las que intervenga un empresario o profesional. Es decir, la venta de una vivienda de un particular a otro no estará sujeta a este límite. La medida persigue poner coto al tradicional con IVA_o sin IVA y lograr que siempre exista un rastro en la operaciones comerciales superiores a 2.500 euros. En caso de incumplir la normativa, Hacienda entenderá que el infractor es tanto el que paga como el que recibe el dinero y, las dos partes responderán "de forma solidaria" a la sanción, que ascenderá al 25% del importe de la operación realizada en efectivo. Un ejemplo: un contribuyente hace obras en su casa y paga 3.000 euros en efectivo a un fontanero. Si Hacienda descubre la operación, la sanción será el 25% de 3.000 euros (750 euros). La Agencia Tributaria podrá dirigirse contra cualquiera de las partes para cobrar la sanción o exigir que el particular y el profesional abonen a medias la multa.

    Existe una forma de librarse de la sanción y es convertirse en un chivato. La nueva ley contempla que si una de las partes de una operación que incumple ese límite de 2.500 euros, denuncia el hecho a la Agencia Tributaria antes de los tres meses siguientes al pago en efectivo, quedará exonerado de cualquier responsabilidad. Hacienda logra con esta medida generar intranquilidad entre los contribuyentes, que pueden tener la tentación de denunciar antes que lo haga la otra parte. Es un dilema clásico de la teoría de juegos.

    Reforma de módulos

    La reforma del sistema de módulos es, probablemente, la medida más celebrada por los inspectores de Hacienda, que llevan años denunciando que este régimen fiscal es un "un nido de facturas falsas". El sistema de módulos permite a los pequeños empresarios y profesionales tributar en función de variables objetivas como el número de empleados, los metros cuadrados del negocio o el consumo eléctrico. Es decir, su factura fiscal resulta independiente de sus beneficios o ventas. ¿Y por qué ello puede generar un fraude? El caso típico funciona así: un contribuyente en módulos emite facturas falsas a otro empresario que tributa en función de sus beneficios. Para el modulero, elevar de forma ficticia su facturación no le supone pagar más impuestos y, en cambio, el empresario que recibe la factura falsa puede elevar su capítulo de gastos y, por lo tanto, reducir sus beneficios para pagar menos. Precisamente por esto, el cambio normativo consiste en prohibir la tributación por módulos a determinados empresarios que facturen más del 50% de sus operaciones a otros empresarios y su volumen de rendimientos íntegros sea superior a 50.000 euros. En cualquier caso, la prohibición de tributar por módulos afectará a profesionales con rendimientos que superen los 225.000 euros, con independencia de que la mayoría de sus clientes sean particulares o empresarios. Las actividades sujetas por estas limitaciones son la carpintería, la fabricación de artículos de ferretería, la confección, la industria del mueble de madera, la impresión de textos, la albañilería, la fontanería o la pintura, entre otros.

    Más y nuevas sanciones

    Es uno de los puntos que más han criticado organizaciones como la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf). La ley incluye un listado de nuevas infracciones. Por ejemplo, el contribuyente que presente una declaración en papel cuando esté obligado a remitirla por vía telemática será sancionado con 1.500 euros. Los profesionales aseguran que muchas veces los empresarios incumplen la obligación de presentar la declaración por vía telemática por errores en la web de la Agencia Tributaria.

    Por otra parte, Aedaf denuncia que "la multa por no atender el primer requerimiento de la Administración o por no aportar la información requerida en el plazo concedido será de 1.000 euros para los particulares y de, como mínimo, 3.000 euros para los empresarios, profesionales o sociedades". La sanción puede llegar a 600.000 euros. Por otra parte, la nueva normativa también refuerza la figura del inspector de Hacienda en la medida en que se contemplan sanciones de entre 1.000 euros y 100.000 euros para los contribuyentes particulares que son objeto de una inspección y no colaboran con los funcionarios de Hacienda. En el caso de empresarios, las multas pueden llegar a un máximo de 600.000 euros.

    Fuente: Cinco DíasVolver Arriba

  • La Dirección General de Tributos difunde una nueva nota con aclaraciones sobre la Amnistía FiscalLa Dirección General de Tributos difunde una nueva nota con aclaraciones sobre la Amnistía Fiscal

    La DGT ha elaborado un segundo informe sobre diversas cuestiones relativas al procedimiento de regularización derivado de la presentación de la Declaración Tributaria Especial.

    Relación de cuestiones:

    • Contribuyente que debe presentar la declaración tributaria especial en los supuestos de cotitularidad de los bienes o derechos. Especial referencia al régimen de gananciales
    • Posibilidad de presentar la declaración tributaria especial en caso de fallecimiento del titular de los bienes o derechos que corresponden con rentas no declaradas
    • Presentación de la declaración tributaria especial por el titular real
    • Posibilidad de presentar declaración tributaria especial en relación con rentas imputadas (rentas inmobiliarias, transparencia fiscal internacional, IIC en paraísos fiscales)
    • Incidencia de la prescripción en la declaración de bienes transformados
    • Presentación de la declaración tributaria especial con bienes o derechos consumidos antes de 31-12-2010
    Ver PDF

    Fuente: PropiaVolver Arriba

  • Duro golpe del Tribunal Supremo a las comprobaciones de valores sobre bienes inmuebles realizados por la AdministraciónDuro golpe del Tribunal Supremo a las comprobaciones de valores sobre bienes inmuebles realizados por la Administración

    Desde siempre las comprobaciones de valores por parte de las distintas administraciones tributarias han sido objeto de polémica y en concreto la falta de motivación en el momento de orquestar el correspondiente expediente ha sido el caballo de batalla, ya que en absoluta indefensión, el contribuyente veía como en base a estudios de mercado, con un origen más que dudoso, se les incrementaban los valores declarados con los correspondientes y nefastos resultados para su bolsillo.

    La sentencia del TS permite recurrir de forma sistemática estos expedientes viciados desde origen

    Una de las cuestiones más controvertidas se producía con las comprobaciones sobre edificios y viviendas, donde nos encontrábamos en numerosas ocasiones con que los peritos de la Administración ni siquiera hacían una visita física a los inmuebles, y sin embargo tomaban en cuenta incluso parámetros como el estado de conservación y calidades constructivas de cara a emitir sus informes y valoraciones.

    En sentencia de 29 de marzo de 2012 del Tribunal Supremo se determina que “No habiéndose realizado visita al inmueble sobre el que se realiza la valoración y teniéndose en cuenta para la misma, como no puede ser de otro modo, circunstancias para cuya consideración y evaluación (estado de conservación o calidad de los materiales) resulta imprescindible tal visita, el dictamen aparece defectuosamente motivado, pues se evidencian insostenibles las consideraciones que al respecto se han tenido en cuenta para la emisión del mismo, sustrayendo, así, del conocimiento del interesado las razones, justificación y datos que llevaron al valor administrativamente otorgado. Además de lo anterior, el referido dictamen no explicita ni el origen, ni la justificación de la corrección de los datos del «mercado inmobiliario local» que le lleva a realizar la valoración contenida en el mismo a través de la aplicación de los valores unitarios que se mencionan. Tampoco aparece en el expediente administrativo obrante en autos justificación del origen de los datos o estudio de mercado alguno. Por ello, en aplicación de la jurisprudencia de este Tribunal [vid., SSTS, de 24 de marzo de 2003, recurso n.º 4213/1998 y, de 3 de diciembre de 1999, recurso n.º 517/1995], ha de entenderse que la comprobación de valores y su resultado se encuentran inmotivados al no haberse comunicado de modo suficiente al interesado los criterios tenidos en cuenta en la emisión del dictamen, por lo que, también en este punto, debe estimarse el recurso contencioso-administrativo.”

    Esta nueva sentencia supondrá un duro golpe para las comprobaciones de valores, las cuales por término general presentan vicios muy similares a los expuestos, sobre todo en lo relativo a la NO visita física del perito a los inmuebles objeto de comprobación.

    Es momento de revisar todos los expedientes y que estén en plazo, y por supuesto plantearse el recurso en base a lo expuesto. Desde las áreas de legal y fiscal de Arrabe Asesores, nos ponemos a su disposición para ayudarle a dar los pasos necesarios.

    Ver PDF

    Fuente: Elaboración PropiaVolver Arriba

  • Sanciones por defraudar a la seguridad social- intensificación inspecciones de trabajoSanciones por defraudar a la seguridad social- intensificación inspecciones de trabajo

    A principios de septiembre fue aprobado el proyecto de ley de Lucha contra el Empleo Irregular y el Fraude a la Seguridad Social, en base al cual el Gobierno establecerá sanciones proporcionales a las cantidades defraudas por las empresas en algunos tipos de infracción a la Seguridad Social, en lugar de multar con cantidades fijadas por tramos como sucedía hasta la fecha (Ley sobre infracciones y sanciones en el Orden Social).

    Así consta en una de las diez enmiendas presentadas por el PP al proyecto de ley de Lucha contra el Empleo Irregular y el Fraude a la Seguridad Social.

    Por ejemplo, cuando no se ingresen las cuotas correspondientes o en el plazo debido, habiendo presentado los documentos de cotización, y siempre que la falta de ingresos "no obedezca a una situación extraordinaria" y que el impago no sea constitutivo de delito según el Código penal, se deberá abonar entre un 50 y un 65% del importe defraudado en los casos leves, entre un 65 y un 80% en los medios, y entre un 80 y un 100% en los graves.

    Estos porcentajes se elevan cuando los impagos se produzcan sin haber presentado los documentos de cotización a la Seguridad Social. En estos casos, y siempre que no sea delito, las sanciones leves serán de entre el 100 y el 115% de lo defraudado, las medias del 115 al 130%, y las graves del 130 al 150%.

    En cuanto al fraude por retener indebidamente una parte de la cuota que se ha descontado a los trabajadores o cuando se han efectuado descuentos superiores a los legalmente establecido se castigará con entre un 100 y un 115% de lo defraudado si la sanción es mínima, entre un 115 y un 130% si es media, o entre un 130 y un 150% si es la máxima.

    En el resto de casos de fraude a la cotización a la Seguridad Social que recoge la norma, las multas son cantidades que van de 3.000 a 187.000 euros aproximadamente, independientemente de la cuantía defraudada.

    Además de ser sancionadas, las empresas que cometan infracciones muy graves por discriminación directa o indirecta por razón de sexo y que no elaboren o apliquen el preceptivo Plan de Igualdad o contravengan la resolución de la Autoridad Laboral perderán las ayudas, bonificaciones o beneficios que tuvieran de forma automática, en lugar de a propuesta del funcionario de la Inspección de Trabajo.

    Esta medida podrá aplicarse entre seis meses y dos años, en lugar de sólo durante el medio año que se reconocía hasta la fecha.

    En base a estas nuevas acciones que va a realizar el Gobierno, queremos advertirles de que se van a intensificar las inspecciones de trabajo, y que no sólo sancionarán en los casos de no tener a los trabajadores dados de alta, sino que además impondrán sanciones más cuantiosas por no haber realizado las cotizaciones correspondientes a estos trabajadores.

    Recuerden que es obligatorio tener cubiertos unos servicios de Prevención y Vigilancia de la Salud de cada centro de trabajo, y que la Inspección de Trabajo está actuando también en este sentido.

    Les instamos a que traten de regularizar cuanto antes las situaciones irregulares que mantengan actualmente en sus empresas, y que por supuesto estamos a su disposición para ayudarles en lo que necesiten para revisar cada situación e intentar dar la mejor solución posible.

    Contacte con nuestro departamento de Relaciones Laborales si necesita más información.

    Fuente: Elaboración PropiaVolver Arriba

¿Te gusta esta página? Recomienda este sitio en tus redes sociales