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Fuente: Elaboración propia 31 Enero 2018

Los abogados que presten servicios profesionales a empresas deberán comunicarlo al Registro Mercantil

Los abogados colegiados en España que presten servicios profesionales a empresas deberán darse de alta de forma obligatoria en el Registro Mercantil a través de una formulario telemático elaborado por el Ministerio de Justicia que deberá trasladarlo a la Administración y que entrará en vigor con la aprobación de la nueva reforma de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

Abogados
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Estarán obligados a rellenar el formulario y darse de alta en el Registro Mercantil aquellos que presten servicios profesionales a sociedades o fideicomisos y que cumplan los siguientes requisitos:

- Sean abogados colegiados tanto como ejercientes como no ejercientes.

- Sean personas físicas o jurídicas que, de forma empresarial o profesional, constituyan sociedades u otras personas jurídicas y ejerzan funciones de dirección o secretaría de una sociedad, socio de una asociación o funciones similares en relación con otras personas jurídicas o disponer que otra persona ejerza dichas funciones, que faciliten un domicilio social o una dirección comercial, postal, administrativa y otros servicios afines a una sociedad, una asociación o cualquier otro instrumento o persona jurídicos.

- Sean profesionales que ejerzan funciones de fideicomisario expreso o instrumento jurídico similar o dispongan que otra persona ejerza dichas funciones.

- Sean personas que ejerzan funciones de accionista por cuenta de otra persona, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado y estén sujetas a requisitos de información conformes con el derecho comunitario o a normas internacionales equivalentes o disponer que otra persona ejerza esas funciones.

Los sujetos obligados a presentar ante el Registro Mercantil el citado formulario deberán hacerlo durante el primer trimestre de cada año y, si a la entrada en vigor del formulario, estuvieran realizando alguna de las actividades citadas y no se hayan inscrito, tendrán de plazo un año desde la entrada en vigor de la norma.

El incumplimiento de esta obligación puede traer consigo sanciones que pueden ascender a los 6.000 euros.

Esta nueva obligación podría afectar a los más de 250.000 abogados colegiados en España que prestan servicios a empresas, con la aprobación de la reforma de Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, tendrán que presentar ante el Registro Mercantil el formulario que establece la norma.

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