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Fuente: Elaboración propia 5 Noviembre 2019

¿Puede la AEAT acceder al hogar del empresario en busca de fraude fiscal?

El Tribunal Supremo ha aceptado a trámite una demanda presentada por un negocio cordobés que, tras una sospecha de fraude fiscal por parte de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), fue objeto de un registro e inspección fiscal, en el interior del domicilio del titular del negocio, por parte de Hacienda. El fallo judicial del Alto Tribunal puede suponer un antes y un después de cara a posibles inspecciones fiscales en el interior de los domicilios de socios o administradores de sociedades o negocios.

Acceso a domicilios por parte de la AEAT
Acceso a domicilios por parte de la AEAT

Todo empezó en 2017 cuando Hacienda, mediante una orden judicial, registró el hogar de un empresario, propietario de la sociedad cordobesa Taberna La Montillana, S.L., al detectar que su negocio ingresaba menos que otras empresas del sector. Concretamente, el fisco advirtió que se trataba de un perfil de alto riesgo tributario por los bajos resultados declarados en su actividad económica, evidenciados por una rentabilidad media de 1,95 euros por cada euro invertido en compras, bastante baja si la comparamos con la declarada a nivel nacional por negocios de la competencia que era de 3,03 euros de rentabilidad. Así, la AEAT establece que “Por tanto, el margen comercial declarado es bastante bajo al declarado por las empresas del sector, lo que induce a pensar que el obligado tributario puede haber estado ocultando ventas efectivamente realizadas”.

Adicionalmente, la empresa declaró bajos ingresos en efectivo, algo inusual en negocios de hostelería cuyo porcentaje de ventas en efectivo es bastante alto. Concretamente, declaró que el monto en metálico que se ingresaba en la cuenta bancaria era 25 veces menor de lo que lo hacen los establecimientos de hostelería a nivel nacional. Así, 24 de cada 25 euros cobrados en efectivo, la AEAT tenía la sospecha que no declaraban y eran retirados por los administradores de la empresa sin dar cuenta de ello a Hacienda.

Estos indicios motivaron que la AEAT realizara un requerimiento en julio de 2017 a fin de que se regularizaran estas cantidades y, para comprobar si se estaba produciendo fraude fiscal mediante una contabilidad real diferente a la reflejada en las declaraciones mercantiles y fiscales que obraban en poder de Hacienda, ésta solicitó al Juzgado de lo Contencioso – Administrativo número 5 de Córdoba la entrada en el domicilio del titular del negocio.

Frente a esta actuación por parte de la AEAT, el empresario presentó una demanda al haberse vulnerado el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio del artículo 18.2 de la Constitución Española reclamando la anulación de la autorización de la entrada y registro de la casa y de las pruebas que Hacienda pudiera haber recabado.

Ahora el Tribunal Supremo deberá decidir si la sospecha de la AEAT es suficiente para permitir el registro de un domicilio, vulnerando así el derecho a la no inviolabilidad del domicilio protegido por la Constitución Española o simplemente informar de dichas disparidades al contribuyente como ya ha estado haciendo la AEAT enviando comunicaciones a pequeños comercios alertando de posibles inspecciones fiscales.

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