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Fuente: Elaboración propia 12 Febrero 2019

Todos los becarios, con o sin remuneración, deberán cotizar a la Seguridad Social

El Real Decreto – ley 28/2018 de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, ha establecido, en su disposición adicional quinta, que todos los becarios, independientemente de si reciben o no remuneración deberán estar dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social.

Becarios
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El Gobierno establece que la realización de prácticas formativas en empresas, instituciones o entidades incluidas en programas de formación, la realización de prácticas no laborales en empresas y la realización de prácticas académicas externas al amparo de la respectiva regulación legal y reglamentaria, determinará la inclusión en el sistema de la seguridad Social de las personas que realicen las prácticas indicadas, aunque no tengan carácter remunerado.

Esta medida afectará tanto a los alumnos universitarios de titulaciones oficiales de grado y máster como a los alumnos de formación profesional de grado medio o superior, independientemente de si son prácticas con o sin remuneración.

Esta medida implica que todos los becarios deberán cotizar por contingencias comunes, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales sin tener que cotizar por las contingencias de desempleo, ni al Fondo de Garantía Salarial ni por formación profesional. La factura podría ascender a unos 51,05 euros por trabajador reportando a las arcas públicas un ingreso adicional de 74 millones de euros.

El principal problema que plantea esta medida es quién debe asumir ese coste ya que el Real Decreto – Ley 28/2018 establece que en el caso de prácticas y programas formativos no remunerados, el cumplimiento de las obligaciones con Seguridad Social correrán a cargo de la empresa, institución o entidad en la que se desarrollen aquellos, salvo que en el convenio o acuerdo de cooperación que, en su caso, se suscriba para su realización se disponga que tales obligaciones corresponderán al centro educativo en el que los alumnos cursen sus estudios. De esta manera, el Gobierno deja abierta la puerta a que esos gastos los tenga que asumir la empresa o el centro educativo.

La medida, que aún no se encuentra en vigor ya que está supeditado a su desarrollo en el plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor del Real Decreto – Ley 28/2018, ha contado con la aceptación de sindicatos como UGT o CCOO que reconocen que “en una economía en la que los jóvenes están tan fuera del mercado laboral es necesario reconocer periodos de vinculación con una empresa para incrementar su vida laboral”.

Por el contrario, las universidades y la CEOE ven la peligrosidad y riesgos de esta medida. Por su parte, Jordi García Viña, director del Departamento de Relaciones Laborales de la CEOE, explica que esta medida “crea inseguridad jurídica porque cotizar dignifica que recibes un salario. No puede ser que exista una situación de prácticas en la que no recibes salario, pero sí cotizas”.

Las universidades temen que ese coste de 74 millones de euros tenga que salir de sus propios presupuestos y que en el caso de que ese gasto lo asuman las empresas esto pueda reducir la oferta de prácticas impidiendo el acceso de los jóvenes al mercado laboral.

De momento sólo queda esperar al desarrollo de esta medida en Proyecto de Ley estando condicionada a las aportaciones que pueden hacer los diferentes partidos políticos.

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