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Fuente: Elaboración propia 19 Septiembre 2013

Modificados los procedimientos en la negociación colectiva

El Real Decreto-ley 11/2013 ha modificado distintos preceptos del Estatuto de los Trabajadores que regulan la comisión negociadora y los sujetos legitimados para actuar, en representación de los trabajadores, como interlocutores ante la empresa durante el periodo de consultas que deberá tener lugar con carácter previo a la adopción de medidas colectivas de movilidad geográfica y modificación sustancial de condiciones de trabajo.

Se introducen importantes novedades que permitirán agilizar los procesos de negociación
Se introducen importantes novedades que permitirán agilizar los procesos de negociación

En el BOE del día 3 de agosto se ha publicado el Real Decreto-ley 11/2013, que entró en vigor el día 4 de agosto de 2013, y que ha modificado distintos preceptos del Estatuto de los Trabajadores (ET) que regulan la comisión negociadora y los sujetos legitimados para actuar, en representación de los trabajadores, como interlocutores ante la empresa durante el periodo de consultas que deberá tener lugar con carácter previo a la adopción de medidas colectivas de movilidad geográfica y modificación sustancial de condiciones de trabajo, así como en los procedimientos de suspensión de contratos o reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción , de despido colectivo y de inaplicación de condiciones de trabajo previstas en convenios colectivos.

 

A continuación les resumimos las principales modificaciones:

 

- Se establece que la consulta se llevará a cabo en una única comisión negociadora, si bien en el caso de ser varios los centros de trabajo afectados, quedará circunscrita a los centros afectados por el procedimiento.

 

- La intervención como interlocutores ante la dirección de la empresa en el procedimiento de consultas corresponderá a las secciones sindicales cuando éstas así lo acuerden, siempre que tengan la representación mayoritaria en los comités de empresa o entre los delegados de personal de los centros de trabajo afectados, en cuyo caso representarán a todos los trabajadores de los centros afectados. En defecto de lo anterior, la intervención como interlocutores se regirá por las reglas que marca la norma.

 

- La comisión negociadora ha de estar integrada por un máximo de 13 miembros en representación de cada una de las partes intervinientes en el periodo de consultas. Si como resultado de la aplicación de las reglas indicadas en la norma el número inicial de representantes fuese superior a trece, estos elegirán por y entre ellos a un máximo de trece, en proporción al número de trabajadores que representen.

 

- La comisión representativa de los trabajadores debe quedar constituida antes del inicio del periodo de consultas. A estos efectos, la dirección de la empresa deberá comunicar de manera fehaciente a los trabajadores o a sus representantes su intención de iniciar el procedimiento. El plazo máximo para la constitución de la comisión representativa será de siete días desde la fecha de la referida comunicación, salvo que alguno de los centros de trabajo que vaya a estar afectado por el procedimiento no cuente con representantes legales de los trabajadores, en cuyo caso el plazo será de quince días. Transcurrido el plazo máximo para la constitución de la comisión representativa, la dirección de la empresa podrá comunicar el inicio del periodo de consultas a los representantes de los trabajadores. La falta de constitución de tal comisión no impide la apertura ni el transcurso del periodo de consultas, y su constitución con posterioridad al inicio del mismo no comportará, en ningún caso, la ampliación de su duración.

 

- El acuerdo en periodo de consultas requerirá la conformidad de la mayoría de los representantes legales de los trabajadores o, en su caso, de la mayoría de los miembros de la comisión representativa de los trabajadores, siempre que, en ambos casos representen a la mayoría de los trabajadores del centro o centros de trabajo afectados

 

Finalmente, la disposición transitoria segunda del Real Decreto-Ley  especifica que a los procedimientos de movilidad geográfica (artículo 40 ET), modificación sustancial de condiciones de trabajo (artículo 41 ET), de suspensión de contratos o reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (artículo 47 ET), de despido colectivo (artículo 51.2 ET) y de inaplicación de condiciones de trabajo previstas en convenios colectivos (artículo 82.3 ET), iniciados con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta norma (es decir, el 4 de agosto de 2013) les resultará de aplicación la normativa vigente a la fecha de su inicio.

 

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

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