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Fuente: Elaboración propia 22 Noviembre 2012

La nueva limitación de importes a los pagos en efectivo

El artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, establece la limitación de pagos en efectivo respecto de determinadas operaciones.

Limitación a los pagos en efectivo
Limitación a los pagos en efectivo

En particular, se prohíbe la realización de pagos en efectivo en las operaciones en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional.

 

Los límites establecidos son de:

 

  • 2.500 euros o su contravalor en moneda extranjera como norma general.
  • 15.000 euros o su contravalor en moneda extranjera “cuando el pagador sea una persona física que justifique que no tiene su domicilio fiscal en España y no actúe en calidad de empresario o profesional".

 

Se entenderá por efectivo los medios de pago siguientes:

 

  • El papel moneda y la moneda metálica, nacionales o extranjeros.
  • Los cheques bancarios al portador denominados en cualquier moneda.
  • Cualquier otro medio físico, incluidos los electrónicos, concebido para ser utilizado como medio de pago al portador.

 

Respecto de las operaciones que no puedan pagarse en efectivo, los intervinientes en las operaciones deberán conservar los justificantes del pago, durante el plazo de cinco años desde la fecha del mismo, para acreditar que se efectuó a través de alguno de los medios de pago distintos al efectivo.

 

Se establece un riguroso régimen sancionador por el incumplimiento de las mencionada obligaciones, con multa del 25% de la cuantía pagada en efectivo, y se regulan las consecuencias de la denuncia presentada por una o las dos partes intervinientes en la operación.

 

Serán sujetos infractores tanto las personas o entidades que paguen como las que reciban total o parcialmente cantidades en efectivo incumpliendo la limitación indicada. Tanto el pagador como el receptor responderán de forma solidaria de la infracción que se cometa y de la sanción que se imponga.

La infracción será grave y prescribirá a los cinco años, que comenzarán a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido.

 

Esta acción no dará lugar a responsabilidad por infracción respecto de la parte que intervenga en la operación cuando denuncie ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria, dentro de los tres meses siguientes a la fecha del pago efectuado en incumplimiento de la limitación, la operación realizada, su importe y la identidad de la otra parte interviniente. La denuncia que pudiera presentar con posterioridad la otra parte interviniente se entenderá por no formulada.

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