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Fuente: Arrabe Asesores 27 Septiembre 2011

El director general de la Agencia Tributaria aboga por ampliar hasta los diez años la prescripción del delito de fraude fiscal

José María Meseguer, director general de la Agencia Tributaria, ha abogado por ampliar hasta los diez años la prescripción del delito de fraude fiscal en los casos de "grandes incumplidores".

Meseguer ha hecho estas declaraciones tras intervenir en las XVIII Jornadas Tributarias organizadas por la Asociación Profesional de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana, que se celebran en Benicàssim (Castellón).

El director general ha repasado una serie de medidas de lucha contra las bolsas de fraude en España, entre las que se encuentra el "especial cuidado y seguimiento" que se hará de los clubes de fútbol, a los que no se dará "ninguna facilidad en el cumplimiento de sus obligaciones con la Agencia Tributaria". Al margen de las diferentes campañas que se llevarán a cabo, Meseguer se ha referido a la prescripción de los delitos de fraude fiscal y ha dicho que el tiempo "está muy ajustado".

Mientras ha considerado "razonable" los cuatro años que están en vigor para todos los defraudadores, ha señalado que para los "grandes incumplidores" es necesario alargar este plazo. Así, ha considerado que los diez años que están establecidos para la prescripción en algunos países europeos y en EEUU sería lo adecuado también para España, y que un plazo de siete años debería ser el mínimo, debido a la complejidad de estos asuntos.

También ha hablado sobre las empresas que cotizan en el Ibex 35 y que no pagan el impuesto de sociedades, y ha asegurado que esto "merece una revisión en profundidad". En cuanto a los ingresos de 2011 procedentes de la lucha contra el fraude, Meseguer ha dicho que se mantendrán las cifras de 2010, año en el que se recaudaron 10.000 millones de euros. En este sentido ha apuntado que de 2005 a 2011 se ingresaron en este mismo concepto 50.000 millones de euros.

Por ello, al referirse al recorte de personal en la Agencia Tributaria, que pasará de tener 28.000 empleados a tener 25.000, debido en gran parte a las jubilaciones que no serán cubiertas, ha dicho que es "de sentido común invertir en quien combate el fraude, porque reporta grandes beneficios", aunque "no ha sido así". Esto "nos obliga a ser más eficaces", y "pese a la reducción en la plantilla, se podrán llevar a cabo las nuevas campañas de lucha contra el fraude", ha añadido.

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