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Fuente: Elaboración propia 2 Agosto 2016

El Tribunal Constitucional anula con las tasas judiciales para las pymes

Las pequeñas y medianas empresas españolas ya no tendrán que abonar las cuantiosas tasas judiciales para la interposición de recursos de tipo contencioso – administrativo, de apelación, de casación, de infracción procesal en el Orden civil o de suplicación después de que el Tribunal Constitucional, en su Sentencia del pasado 21 de Julio de 2.016, haya anulado por unanimidad las tasas judiciales que afectan a empresas, instituciones y otras entidades por considerar el Tribunal que vulneran el derecho a la tutela judicial por su coste “desproporcionado”.

El Tribunal Constitucional anula las tasas judiciales para las pymes
El Tribunal Constitucional anula las tasas judiciales para las pymes

Las obligación de abonar, por parte de las personas físicas y jurídicas (empresas, instituciones y otras entidades), las tasas judiciales nació con la Ley 10/2012 que regula determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Sin embargo, con la llegada del Ministro Rafael Catalá se aprobó el Real Decreto-Ley 1/2015 por el cual se ponía fin a las tasas judiciales para las personas físicas.

Para acabar con las tasas judiciales también para las empresas, el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados presentó un recurso contra la Ley 10/2012 que ha sido estimado parcialmente por el Constitucional declarando la inconstitucionalidad de las tasas judiciales anulando las cinco tasas reguladas en los artículos 7.1 y 7.2 de la Ley que serían las siguientes:

- Tasa de 200 euros por la interposición de un recurso contencioso – administrativo abreviado y de 350 euros para el ordinario.

- Tasa de 800 euros por la interposición de un recurso de apelación y de 1.200 euros para los de casación y extraordinario por infracción procesal en el orden civil.

- Tasa de 800 euros por la interposición de un recurso de apelación y de 1.200 euros para el recurso de casación en cualquiera de sus modalidades en el orden contencioso – administrativo.

- Tasa de 500 euros por interponer recurso de suplicación y de 750 euros para el de casación en cualquiera de sus modalidades.

- Cuota variable cuya cuantía será la que resulte de aplicar al valor económico del litigio el tipo de gravamen que corresponda según una escala de 0 a 1.000.000 euros un 0,5% y el resto un tipo porcentual del 0,25%.

El Tribunal Constitucional establece en su sentencia que “las cuantía de las tasas es desproporcionada" y “al tratarse de un sistema de tasas en el que todos pagan lo mismo, su objetivo de prevenir o disuadir de la interposición de recursos abusivos se diluye para todo aquel que dispone de medios económicos suficientes “además de “perjudicar al justiciable que ejercita correctamente su derecho a recurrir que se ve obligado a pagar una tasa con la que se pretende erradicar un comportamiento que le es ajeno”.

El Tribunal Constitucional establece que la figura del “depósito” se creó como instrumento disuasorio de tal manera que “no se puede justificar la imposición indiscriminada de esa tasa bajo el sustento de un propósito disuasorio frente a una patología minoritaria”. Además apunta que “La imposición de la tasa no es idónea porque no cumple con su objetivo y porque no existen razones objetivas que justifiquen la imposición de una nueva medida disuasoria por una supuesta falta de eficacia de los depósitos”.

Finalmente, el Constitucional destaca la utilidad y necesidad de la financiación mixta de la justicia “pues no hay alternativa para fijar una corresponsabilidad económica por parte de todo aquel que genera la actividad procesal cuya realización produce un coste para el Estado”.

Así, las empresas que interpongan recursos desde la resolución de esta Sentencia del pasado 29 de Julio ya no tendrán que pagar tasas judiciales ya que la Sentencia sólo tiene efectos “pro futuro” no generándose devolución de las cantidades pagadas en relación con las tasas declaradas nulas ni en los procedimientos finalizados por resolución firme ni tampoco en los no finalizados en el que el pago de la tasa se satisfizo sin que fuera impugnada por vulneración de la Constitución.

De esta manera se acaba con la obligación por parte de las pymes españolas de abonar tasas judiciales por la interposición de los recursos antes mencionados, lo que es, sin duda, una excelente noticia para las pymes españolas.

 

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