Desde hace ya varias semanas, el Gobierno lleva trabajando y analizando qué medidas adoptar para que la devolución, por parte de empresas y profesionales, de los créditos ICO concedidos durante la crisis del Coronavirus (COVID-19) no supusiera el fin definitivo de cientos de negocios y empresas. Tras postergarse esta decisión durante varias semanas, ha sido en la reunión del Consejo de Ministros de hoy cuando el Ejecutivo ha aprobado ampliar el plazo de devolución de los créditos ICO hasta los 8 años con la ampliación del periodo de carencia que será de hasta 24 meses.

Así lo han comunicado Nadia Calviño, ministra de Asuntos Económicos y Vicepresidenta tercera del Gobierno junto con María Jesús Montero, ministra de Hacienda en una comparecencia que ha tenido lugar tras la reunión del Consejo de Ministros y en la que han dado a conocer el contenido de un Real Decreto – Ley, que será publicado mañana en el BOE y que contempla la ampliación del plazo para la concesión y devolución de créditos ICO, ampliación del periodo de carencia, así como otras medidas como la rebaja del IVA de las mascarillas del 21% al 4% o la ampliación de la moratoria para declarar concurso de acreedores hasta el próximo 31 de marzo de 2021.

Ampliación del plazo para la concesión de créditos ICO

Actualmente, existen dos líneas de financiación del ICO que están en vigor para que, tanto empresas como profesionales, puedan acceder a ella para solventar los problemas económicos y de liquidez derivados de la crisis del Covid19: Una de 100.000 millones de euros y otra de 40.000 millones de euros dirigida a sufragar inversiones. Esas líneas de financiación se podían solicitar hasta el 31 de diciembre de 2020, plazo que ahora ha sido ampliado por el Ejecutivo hasta el 30 de junio de 2021.

Asimismo, el plazo para la devolución de estos créditos ICO pasa de los tres años actuales hasta ocho años con la ampliación también del periodo de carencia de doce meses hasta veinticuatro meses.

Los créditos ICO de 100.000 millones de euros han sido solicitados por empresas y profesionales con problemas económicos provocados por la crisis del Covid19 desde el pasado mes de abril. Concretamente, se han concedido ya 82.000 millones de euros, de los cuales, el 98% han ido dirigidas a trabajadores autónomos y pymes.

Además, el Ejecutivo ha señalado que las entidades bancarias, que deberán responder a las solicitudes de ampliación en un plazo máximo de 30 días, no podrán aumentar de forma injustificada el tipo de interés ni exigir la contratación de productos vinculados.

Finalmente, con el objetivo de reducir los plazos de concesión de estos créditos, se facultará al ICO para que solicitar información de clientes que están recibiendo financiación avalada para consultar qué posiciones tienen en otros bancos. También se prevé una rebaja del 50% en los aranceles notariales y registrales al registrar las operaciones de ampliación y se autoriza al ICO a dirigirse directamente a la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) para agilizar la comprobación de los impagados que le comuniquen las entidades financieras.

Rebaja del IVA de las mascarillas del 21% al 4%

El Consejo de Ministros ha aprobado también la rebaja del IVA del 21% al 4% de las mascarillas, después de que la semana pasada fuera anunciada esta medida en medio del debate para la aprobación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2021.

Esta medida, que entrará en vigor mañana con su publicación en el BOE, supondrá una pérdida de 850 millones de euros de recaudación para el Estado.

Asimismo, también se ha prorrogado el régimen de IVA cero a la importación de material sanitario por hospitales, administraciones y entidades sin ánimo de lucro, en lo que también se incluyen batas y termómetros.

Dotación presupuestaria para Seguridad Social y el SEPE

El aumento del gasto público, derivado del abono de las prestaciones por desempleo de los ERTES y las prestaciones extraordinarias por cese de actividad de los trabajadores autónomos han elevado y mucho el gasto de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE).

Como consecuencia de esto, el Gobierno ha aprobado un suplemento de crédito por valor de 6.000 millones de euros para la Seguridad Social y un crédito extraordinario de 2.300 millones de euros para el SEPE.

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