L a lucha contra el blanqueo de capitales tiene su foco en la limitación al máximo de los pagos en efectivo y prueba de ello es la limitación a 1.000 euros en los pagos en efectivo cuando una de las partes es una empresa o profesional y que está contenida en la nueva Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. A nivel internacional y en el seno de la Unión Europea, la Comisión Europea también está trabajando en ello y ha anunciado su intención de limitar a 10.000 euros los pagos en efectivo en toda la UE.

Así viene recogido en el Plan para armonizar entre los Estados miembros la lucha contra el blanqueo de capitales presentado la semana pasada por la Comisión Europea y que tiene como objetivo “mejorar la detección de transacciones y actividades sospechosas y cerrar las lagunas que utilizan los delincuentes para blanquear ganancias ilícitas o financiar actividades terroristas a través del sistema financiero”.

Este Plan para armonizar entre los Estados miembros la lucha contra el blanqueo de capitales incluye la creación de una autoridad central a nivel comunitario que coordine la acción de las autoridades nacionales y una guía para aunar criterios y la limitación a 10.000 euros de los pagos en efectivo en toda la UE.

Limitación a 10.000 euros de los pagos en efectivo

La principal medida para luchar contra el blanqueo de capitales dentro de la Unión Europea sería la creación del límite de 10.000 euros de los pagos en efectivo realizados en los países de la Unión. Esta medida podría ser efectiva en poco tiempo teniendo en cuenta que dos de cada tres países de la UE ya cuentan con esta limitación como es el caso de España, cuyo límite actual es de 1.000 euros si una de las partes es una empresa o profesional.

La Comisión Europea considera que la cantidad propuesta, es “suficientemente alta como para no cuestionar el euro como moneda de curso legal”, además de reconocer el papel vital del dinero en efectivo al considerar que “los grandes pagos en efectivo son una forma fácil para que los delincuentes blanqueen dinero, ya que es muy difícil detectar transacciones. Limitarlos dificulta que los delincuentes blanqueen dinero sucio”.

Autoridad contra el Blanqueo de Capitales

La Comisión Europea apuesta también por la creación de la Autoridad contra el Blanqueo de Capitales (AMLA) que sería una institución de nuevo cuño que “coordine a las autoridades nacionales para garantizar que el sector privado cumple correctamente las leyes europeas”. Entre las tareas de este organismo se encontrarían el establecimiento de un sistema único integrado de supervisión en toda la unión, basado en métodos de supervisión comunes; la vigilancia directa de algunas de las instituciones financieras que operan en un gran número de Estados miembros o requieren de una acción rápida para abordar riesgos inminentes; la monitorización a los supervisores nacionales responsables de otras entidades financieras y el apoyo la cooperación entre las diferentes unidades de inteligencia financiera, facilitando la coordinación y análisis conjuntos.

Esta AMLA, que contaría con un equipo de 250 trabajadores, tendría un papel de coordinación en las áreas del sector no financiero, mientras que en el sector financiero ejercería ella misma el rol de supervisor en lo relativo a entidades expuestas a un alto riesgo de blanqueo y financiación del terrorismo. La AMLA se situaría así en el centro de un sistema integrado de autoridades supervisoras nacionales, asegurando la convergencia y una cultura y prácticas comunes.

Además de estas dos medidas, la Comisión Europea sugiere implantar un marco regulatorio único que incluya normas armonizadas contra el blanqueo y estándares comunes a aplicar a entidades financieras, firmas de inversiones, bufetes de abogados, auditorias, aseguradoras, casinos o proveedores de criptomoneda. Estas reglas, que deberían ser más detalladas y concisas que las actuales, no tendrían que ser traspuestas a nivel nacional a nivel de los Veintisiete.

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