L a crisis del Coronavirus (COVID-19) ha intensificado uno de los principales problemas a los que se enfrentan empresas y trabajadores autónomos: la morosidad. Para hacer frente a los impagos y la morosidad, la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados está trabajando en una propuesta para reducir la morosidad e incluso multar a aquellas empresas, profesionales y administraciones públicas que no cumplan con los plazos ordinarios de pago.

Medidas para acabar con la morosidad

La propuesta sobre la que ya está trabajando el Gobierno para acabar con los retrasos en los pagos incluye las siguientes medidas:

  • Abono de 122.000 millones de euros pendiente de pago a proveedores por parte de las empresas cotizadas, sin problemas de liquidez ni de financiación.
  • Liberación de 12.000 millones de euros de remanentes que tienen en sus cuentas corrientes los ayuntamientos para salvar a trabajadores autónomos y pymes.
  • Modificación del criterio de ingreso del IVA y declaración de impuestos sólo sobre las cantidades cobradas.
  • Régimen sancionador para empresas, trabajadores autónomos y administraciones públicas que no cumplan con los plazos ordinarios de pago. Las sanciones podrían ascender hasta 1 millón de euros, en función del importe de la deuda.

Los impagos podrías acabar con el 8,6% de las pymes industriales

Acometer una reforma para acabar con los impagos es una cuestión de extrema urgencia y es que, tal y como denuncia PIMEC, el 8,6% de las pymes industriales podrían echar el cierre si no se hace nada al respecto, al ser la morosidad y falta de liquidez sus problemas fundamentales.

Esta morosidad también es consecuencia del impago de las administraciones públicas que adeudan a las pymes industriales un total de 14.000 millones de euros.

A nivel general, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) cifra en 850 millones de euros el coste financiero de la morosidad en España, es decir, el coste de oportunidad de no poder hacer un uso alternativo de la liquidez objeto de impago. A esta cifra hay que sumarle los costes que suponen para el empresario esa morosidad.

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