U na vez que están aprobados y en vigor los Presupuestos Generales del Estado para 2021, todo parece indicar que el Ejecutivo ya está pensando qué novedades y modificaciones plantearán para los Presupuestos Generales del Estado para 2022, cuentas en las que, según fuentes cercanos al Ministerio de Hacienda, quieren incluir una importante reforma fiscal que afectará, entre otros impuestos, al Impuesto sobre Sociedades, IVA y la polémica armonización fiscal del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD) y el Impuesto sobre el Patrimonio.

Con la reforma fiscal que se pretende acometer, el Ejecutivo confía en recortar la brecha fiscal de siete puntos del PIB que separa a España de la media europea.

Reforma fiscal en Impuesto sobre Sociedades

Las reformas que pretende acometer el Ejecutivo en el Impuesto sobre Sociedades afectan directamente a los beneficios fiscales y deducciones existentes al considerar que algunas de ellas carecer de utilidad por ser obsoletas, mientras que hay otras deducciones que podrían incluirse como las relacionadas con el medio ambiente y la digitalización.

Reforma fiscal en el régimen de módulos de los trabajadores autónomos

El régimen de Estimación Directa Simplificada, más comúnmente conocido como Módulos sigue siendo uno de los pilares objeto de posibles reformas. El Ejecutivo quiere modificarlo para que los trabajadores autónomos que tributan por este sistema se encaminen a una tributación por ingresos reales. Consideran que, las herramientas digitales existentes pueden ser muy útiles para lograr este fin.

Reforma fiscal en Impuestos Especiales

El Ministerio de Hacienda quiere incrementar el tipo de gravamen del tabaco para equiparar su precio al de la media de países europeos y lograr así un menor consumo de este producto.

Por otro lado, se prevé la equiparación paulatina de la tributación del diésel y la gasolina ya que consideran que la diferencia actual no tiene razón de ser y España tiene la tributación del diésel más baja de la zona euro.

Reforma fiscal en IVA

En cuanto al IVA, se quiere revisar los tipos reducidos ya que se considera que se hace un uso abusivo de los mismos.

La “temida” armonización fiscal en Sucesiones, Donaciones, ITP y AJD y Patrimonio

Sin lugar a dudas, toda reforma fiscal que vaya encaminada a la armonización fiscal en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, ITP y AJD y Patrimonio va a generar mucha polémica.

El Ejecutivo es partidario de que regiones que tienen una menor capacidad recaudatoria se vean obligadas a subir mucho la presión fiscal para tener la misma recaudación que otras que sí se pueden permitir bajar impuestos porque tienen más empresas o una mayor riqueza.

Por su parte, los contribuyentes no están a favor de esta armonización fiscal. El informe Opiniones y actitudes de los españoles en 2019, publicado por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) del Ministerio de Hacienda recoge que el 90% de los contribuyentes es contrario a una armonización del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones que impida a las comunidades autónomas disminuirlo cuando lo consideren necesario y no solo aumentarlo para desarrollar sus políticas socioeconómicas. Por su parte, el 80% se muestra a favor de que se cree mayor uniformidad entre las comunidades autónomas y tan sólo un 35,8% se muestra favorable a que las regiones puedan regular el importe a pagar de estos impuestos con la facultad de reducirlos limitada.

Nuevas figuras impositivas

Además, el Ejecutivo quiere crear nuevos modelos impositivos encaminados a favorecer la economía verde y que favorezcan a los contribuyentes más comprometidos con el medio ambiente.

Golpe a la economía sumergida

Otro de los campos de actuación será atacar la economía sumergida para poder detectar un mayor número de casos de fraude fiscal y acabar con este tipo de prácticas.

¿Cuándo se iniciarán los trabajos para esa reforma fiscal?

Según informan desde El Economista, el Ministerio de Hacienda tiene la intención de convocar al inicio de 2021 al comité de expertos que debe analizar la reforma fiscal integral y que contará con el plazo de un año para aprobar sus conclusiones, comité que estará abierto no sólo a las universidades y a las empresas que se dedican al ámbito financiero, sino también a los técnicos tributarios de comunidades y entidades locales.

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