L a “guerra” entre el Ministerio de Trabajo y las plataformas de reparto de comida a domicilio como Glovo, Uber Eats o Deliveroo no ha cesado y acumula un nuevo capítulo que tiene a Glovo y a la Inspección de Trabajo como protagonistas. En el día de ayer se conoció una macro operación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) en la que se ha regularizado la situación de 11.013 “riders” que dejarán de ser falsos autónomos para pasar a ser trabajadores asalariados de la empresa, así como abonar a las arcas de la Seguridad Social la friolera de 16,21 millones de euros en concepto de cotizaciones sociales.

Esta macro operación engloba actuaciones de la ITSS realizadas durante 2019 y 2020 a Glovo en las provincias de Asturias, Badajoz, Baleares, Barcelona, Burgos, Cantabria, Córdoba, Granada, Madrid, Málaga, Murcia, Pontevedra, Salamanca, Valencia, Valladolid y Zaragoza.

Estas actuaciones son la respuesta a las denuncias presentadas por los sindicatos UGT, CNT, CC OO, CUT, Corriente Sindical d’Izquierda de Uvieu y SAT contra Glovo que han dado como resultado la obligación a la empresa de tramitar el alta de 9.251 “riders” como trabajadores por cuenta ajena y abonar 14 millones de euros correspondientes a cotizaciones sociales de estos trabajadores.

Además, a raíz de estas actuaciones, la ITSS ha actuado de oficio regularizando la situación de otros 1.762 “riders” por los que Glovo deberá abonar 2,2 millones de euros también en concepto de cotizaciones sociales.

Esta actuación de la ITSS llega un mes después de que el Tribunal Supremo califica la relación entre el rider y Glovo como laboral y no mercantil.

Una futura LeyRiders para regularizar la relación laboral de los repartidores

La última actuación de la ITSS coincide con las reuniones que está manteniendo el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales para la aprobación de una LeyRiders que regule la figure de los riders y fije si la relación entre el repartidor y la empresa es laboral o mercantil. La postura del Ministerio es la de la relación laboral, chocando así con las asociaciones representativas de riders que quieren seguir siendo “falsos autónomos”.

Aunque aún las negociaciones están en una fase muy inicial, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya ha afirmado que la norma “no solo afectará a los repartidores a domicilio, sino a todas las plataformas digitales de todo tipo, donde las relaciones de trabajo se planteen de forma mercantil y no laboral”.

Esta LeyRiders, que se denominará «Ley para la protección laboral de las personas trabajadoras que llevan a cabo actividades de distribución a terceras personas haciendo uso de medios digitales», podría estar aprobada en vigor antes del 31 de diciembre de 2020.

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