L os ERTES por causas de fuerza mayor o ERTES por causas ETOP que fueron articulados por el Gobierno en el contexto de la crisis provocada por la propagación del Coronavirus (COVID-19) tenían fecha de caducidad: 30 de junio de 2020 en base al acuerdo adoptado por el Gobierno y la CEOE. Ahora, tras la entrada en vigor del Real Decreto – Ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial, queda confirmado que los ERTES se prorrogarán hasta el próximo 30 de septiembre de 2020. 

El fin de la prórroga de los ERTES ha coincidido con la finalización del Plan para la Transición hacia una nueva normalidad, aprobado por el Gobierno el pasado 29 de abril, que finalizó el pasado 21 de junio, fecha en la que también concluyó la última de las prórrogas del Estado de Alarma.

Sin embargo, los casi tres meses de parón de muchas actividades ha supuesto un lastre que todavía continúan arrastrando muchas empresas dificultando su recuperación y es que, aunque muchos comercios y restaurantes ya han reanudado su actividad, el consumo sigue aún muy parado. Por estos motivos, la CEOE solicitó al Gobierno prorrogar los ERTES hasta el mes de diciembre, propuesta que ha sido rechazada por el Ejecutivo al prorrogar los ERTES sólo hasta el 30 de septiembre de 2020.

El Ministerio de Trabajo siempre ha abogado por prorrogar los ERTES hasta el mes de septiembre

A principios del mes de junio, Yolanda Díaz, ministra de Trabajo afirmó la intención del Gobierno de prorrogar los ERTES hasta el mes de septiembre en aquellos sectores que más lo necesitaran, especialmente en hostelería y ocio que son los más damnificados de esta crisis. Así lo afirmó también José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social.

La opción que siempre ha manejado el Gobierno es la de prorrogar los ERTES hasta el mes de septiembre y en ese momento analizar si es viable una nueva prórroga hasta el mes de diciembre. Sería un paso intermedio que abre la posibilidad a una prórroga que se extendería hasta el 31 de diciembre de 2020.

Los sindicatos también son más proclives a esta solución intermedia y apuestan por buscar fórmulas híbridas de financiación, es decir que los ERTES estén sufragados por el Estado y también por las empresas.

La CEOE quiere prorrogar los ERTES hasta el 31 de diciembre

Por su parte, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) rechazó en varias reuniones la propuesta del Gobierno de prorrogar los ERTES hasta el mes de septiembre y siempre ha abogado por prorrogar los ERTES hasta el 31 de diciembre de 2020. Consideran que la propuesta del Ejecutivo es a muy corto plazo y genera desconfianza en las empresas a la hora de tomar decisiones más a largo plazo. La CEOE quiere un marco regulatorio estable sobre el que ejecutar la desescalada minimizando el riesgo para las empresas y los trabajadores afectados.

Asimismo, la CEOE también solicitó al Gobierno eliminar la cláusula por la que las empresas que hayan solicitado ERTE están obligadas a mantener el empleo durante, al menos, seis meses. Esta demanda fue rechazada de plano por Nadia Calviño, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que ha anunciado que habrá mayor flexibilidad, pero sin anular esa cláusula.

Otra de las reclamaciones de la CEOE consiste en la exoneración de cuotas. La patronal ha exigido al Gobierno que mantenga las exoneraciones de cotizaciones a las empresas en ERTE de fuerza mayor, estableciendo mayores exoneraciones respecto de los trabajadores que siguen en ERTE frente a los que ya no lo están.

Acuerdo del Gobierno y los agentes sociales: Prórroga hasta septiembre para todos los sectores, pero con límites

El acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales es prorrogar los ERTES hasta el 30 de septiembre de 2020 para todos los sectores, pero limitados a que sigan existiendo restricciones derivadas del COVID-19 que impidan o limiten la actividad. Estas restricciones incluyen las limitaciones a la movilidad, aforos y equivalentes y las medidas de prevención y contención sanitaria.

Asimismo, la limitación de despidos por causas objetivos se prorrogaría también hasta el 30 de septiembre de 2020 teniendo derecho los trabajadores a una indemnización de 33 días de salario por año de servicio en lugar de 20 días de salario por año de servicio. Por otro lado, los contratos temporales de formación o interinidad tendrían que prorrogarse también hasta el 30 de septiembre.

Por otro lado, el Ejecutivo propone que las empresas deberán ir incorporando a su plantilla dando prioridad a los ajustes en reducción de jornada y quedando limitadas las horas extraordinarias y las nuevas contrataciones si la empresa tiene algún trabajador en ERTE.

En cuanto a exoneraciones, el Ejecutivo propone que, para los trabajadores que ya no estén en ERTE, si las empresas tienen menos de 50 trabajadores la exención en julio, agosto y septiembre sea del 60% y del 35% respecto de los trabajadores que sigan en ERTE y si la empresa supera los 50 trabajadores, las exenciones se reducen al 40% para los respectivos meses para los trabajadores que ya no están en ERTE y del 25% para los que sigan en ERTE. Si la empresa pasa de un ERTE por causas de fuerza mayor a un ERTE por causas ETOP se beneficiará de una exención de cotizaciones del 70% en julio; 60% en agosto y 35% en septiembre si tiene menos de 50 trabajadores y del 50% en julio; 40% en agosto y 25% en septiembre si tiene más de 50 trabajadores.

Por último, las medidas de adaptación y reducción de quienes acrediten deberes de cuidado respecto al cónyuge o pareja de hecho y de familiares por consanguinidad hasta el segundo grado de la persona trabajadora.

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