L a nueva reforma de las pensiones, que tendrá en cuenta las recomendaciones del Pacto de Toledo, es uno de los objetivos que se marcó el Gobierno al inicio de su legislatura. Una reforma, cuya planificación y ejecución corresponde al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, cuyo ministro, José Luis Escrivá, ya está estudiando para su aprobación y posterior entrada en vigor, después de que el Pacto de Toledo emitiera 20 recomendaciones que serán la base con la que se articulará esa nueva reforma de las pensiones.

Esta nueva reforma de las pensiones tiene como pilar fundamental las penalizaciones a las prejubilaciones o jubilaciones anticipadas, que según estimaciones del Ministerio cuestan a las arcas públicas 8.200 millones de euros anuales al anticiparse a la edad real de jubilación y, por tanto, no cotizar esos últimos años. La última propuesta presentada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones es la de abrir una ventana para que aquellos que se quieran prejubilar con las condiciones actuales puedan hacerlo hasta el 30 de septiembre de 2021. 

Penalizaciones a las prejubilaciones

Actualmente, la edad efectiva de jubilación se sitúa en los 64,6 años, mientras que la edad legal de jubilación es de 65 años y 8 meses para quienes hayan cotizado menos de 36 años y 9 meses y de 65 años para quienes superen el anterior umbral. Esto provoca una ausencia de cotización en los últimos años para aquellos que optan por la prejubilación. En definitiva, el Estado pasa de dejar de ingresar por esas cotizaciones sociales a pagar antes de tiempo las pensiones de jubilación.

Esto es precisamente lo que quiere evitar el Gobierno en la nueva reforma de las pensiones. Para ello, Escrivá ha confesado que las reformas de las pensiones irán orientadas a “inducir a las personas a trabajar más en la medida que la salud se lo permite y facilitar fórmulas mixtas para compatibilizar la pensión con el trabajo».

Concretamente, la penalización para aquellos que se jubilen anticipadamente aumentarán del 16% al 21% para un trabajador con menos de 38 años y 6 meses cotizados que quiera jubilarse dos años antes de lo que le toca. Así, si se jubila un año antes, el coeficiente pasará a ser del 2% al 3,26%. En el caso de los trabajadores con más de 38 años y 6 meses cotizados y menos de 41 años y 6 meses, el coeficiente por jubilarse 24 meses antes pasará del 15% actual al 19%. Para los trabajadores de más de 41 años y 6 meses cotizados, pero menos de 44 años y 6 meses, la jubilación anticipada dos años antes pasará a tener un coeficiente reductor del 17% frente al 14% actual y del 2,96% para quienes se jubilen un año antes. Por último, la penalización para quienes tienen una carrera de 44 años y medio y decidan jubilarse dos años antes, el coeficiente se mantendrá en el 13%, pero si se jubilan un mes antes pasará del 1,6% actual al 2,81%.

El sistema que está barajando el Gobierno para penalizar las prejubilaciones consiste en el incremento de los coeficientes reductores aplicados a las jubilaciones anticipadas. De este modo, por cada año que se le gane a la edad real de retiro de los trabajadores, se reducirá un 25% el déficit de la Seguridad Social, es decir, se recaudarían 4.500 millones más. En este sentido, habrá 96 supuestos con diferentes coeficientes reductores en base a los meses de anticipo y al periodo acumulado de cotización. Y sin embargo, solo se endurecen ocho coeficientes, los relativos a esos primeros tres meses, que son precisamente en los que los abandonos del mercado laboral corresponden a las rentas más elevadas.

Estas penalizaciones en las prejubilaciones afectará más a los trabajadores que decidan prejubilarse 24 y 23 meses antes de la edad de jubilación y en los tres meses anteriores a este plazo, ya que será en esos tramos en los que se ampliarán los coeficientes, por lo que se reducirá un poco más su pensión.

De estas penalizaciones, podrían escaparse los trabajadores que hubieran cotizado más de 40 años, según el acuerdo al que parece haber llegado la presidenta de la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, Magdalena Valerio con la Asociación de Jubilados con más de 40 años cotizados (Asjubi40).

Asimismo, también se pretende llevar a cabo políticas corregir las distorsiones en el acceso a las jubilaciones anticipadas, que benefician a los trabajadores de mayor renta. En este sentido, se pretende hacer menos atractivas las jubilaciones para los salarios más altos.

Ventana a posibles prejubilaciones con las actuales condiciones hasta el 30 de septiembre

La primera fase de la reforma de las pensiones entrará en vigor una vez que se logre el consenso entre el Gobierno y los agentes sociales y posiblemente el primer paquete de medidas de esta reforma podrá ver la luz en los próximos meses. Concretamente, estamos hablando de las reformas relativas a las penalizaciones por prejubilaciones o jubilaciones anticipadas.

Estos recargos que tendrán las prejubilaciones no perjudicarán a aquellas personas que estén pensando en prejubilarse con las condiciones que actualmente están en vigor ya que el Ejecutivo abrirá una ventana hasta el próximo 30 de septiembre de 2021 para que las empresas den a conocer sus planes de ajuste de plantilla para los próximos meses y, más concretamente, sobre las posibles salidas por la vía de la jubilación anticipada y así garantizar que estos trabajadores no se vean afectados por el endurecimiento de los coeficientes reductores. De este modo, el Gobierno ha garantizado que mantendrá para estos trabajadores el esquema actual de penalizaciones.

Incentivar alargar la edad activa de empleo

El Gobierno maneja la creación de incentivos a aquellos trabajadores que quieran retrasar su jubilación y seguir trabajando, siempre que su salud se lo permita. En este sentido, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha apuntado que esos incentivos al empleo y la prolongación de la vida profesional aportará al trabajador una pensión de mayor importe y un importante ahorro para Seguridad Social y empresas.

Una de las propuestas que maneja el Ejecutivo para lograr ese objetivo es la prohibición de que los convenios colectivos impidan a los empleados seguir en su puesto de trabajo una vez cumplan la edad legal de jubilarse, actualmente en 66 años. Esta propuesta no cuenta con el apoyo de la patronal que considera que se merma la capacidad de negociación entre empresa y trabajador.

Otra propuesta es la de abonar la cantidad de 12.060,12 euros en un pago único a quienes demoren su jubilación. Este importe se abonaría por cada año que ese trabajador retrase su jubilación si se opta por un pago único o bien aplicar un porcentaje adicional de la pensión del 4% por cada año de demora. Existiría también una tercera opción, que sería una combinación entre las otras dos propuestas.

Actualmente, ya existen incentivos para los trabajadores que quieren alargar la edad de jubilación. En concreto, se les aplica entre un 2% y un 4% sobre la base reguladora de su pensión por cada año que el trabajador permanezca en activo, una vez cumplida su edad legal de jubilación. Estos incentivos distan mucho de los existentes en Portugal con un 12%; Reino Unido con un 10,4%; Alemania con un 6% o Francia con un 5%.

Asimismo, se permite compatibilizar el cobro de una pensión de jubilación con la realización de cualquier trabajo tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, ya sea a tiempo completo o a tiempo parcial, siempre que el trabajador haya cotizado lo suficiente para recibir el 100% de su pensión. Así, cobrará el 50% de su prestación reconocida y el 100% si es trabajador autónomo y contrata a un trabajador. Estamos hablando en este caso de las jubilaciones parciales que el Ministerio de Seguridad Social también quiere tocar concentrando hasta el 60% de la jornada el primer año, con la posibilidad de que en algunas actividades que impliquen situaciones peligrosas o comprometan la seguridad de terceros se pueda acumular totalmente al inicio.

De llevar a cabo estos incentivos, según estimaciones de la AiRef, por cada año que se consiga aumentar la edad efectiva de jubilación, se pueden ahorra hasta 1,2 puntos del PIB.

Revalorización en la nueva reforma de las pensiones

Otro de los puntos clave en la nueva reforma de las pensiones es la revalorización de éstas que el Gobierno ha dejado plasmada en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 y que supone la revalorización de las pensiones en función del IPC. Ya en 2021, dicha revalorización ha sido del 0,9% con un gasto para las arcas públicas de 1.400 millones de euros al año.

Para próximos años, el Ministerio de Seguridad Social podría estar valorando que la revalorización de las pensiones futuras esté ligada a una media de la inflación de varios años. Cuentan con dos propuestas: una que incluye una revalorización de las pensiones contando con el IPC de los tres últimos años y una segunda propuesta con una revalorización de las pensiones en base a la media de los últimos cinco años: los cuatro anteriores al que se va a aplicar la revalorización, con IPC reales, y el quinto sobre la previsión de la inflación que el Gobierno determine para ese año.

El problema de ambas propuestas es que se incluirían en el cálculo los IPC negativos y que las pensiones se revalorizan al mismo nivel que la inflación, pero nunca por encima, lo que impide a los beneficiarios ganar poder adquisitivo. Además, no sería necesario buscar un mecanismo para compensar la diferencia entre lo abonado desde el inicio de año y el comportamiento real de la inflación, lo que se llamaba la paguilla de los pensionistas de enero. Sin embargo, la última propuesta del Gobierno rechaza esta posibilidad: no habrá compensaciones por inflación negativa en los tres años siguientes. 

Esta reforma, la de la revalorización de las pensiones al IPC conlleva la derogación del Factor de Sostenibilidad (FS) y del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), sobre la que ya está trabajando el Gobierno después de haber presentado una Proposición no de Ley para derogar ambos.

Aumentar las pensiones máximas en la reforma de las pensiones

Una de las últimas propuestas anunciadas por el Gobierno en el seno de la reforma de las pensiones es la de elevar el importe de las pensiones máximas cuando aumente la cotización a las rentas altas, una medida que podría ver la luz en la segunda mitad del 2022.

Recordemos que, actualmente, esta base máxima se encuentra en los 4.070 euros mensuales, por lo que todas las rentas brutas anuales por encima de 48.850 euros cotizan en la misma cuantía a la Seguridad Social. Con  la reforma que pretende el Ejecutivo, se llevará a cabo una revisión de este tope, de modo que se incrementaría este nivel de remuneración a partir de cual la cotización es similar pese a la progresión de renta.

Esto se podrá llevar a cabo con el aumento proporcional de la pensión máxima, actualmente topada en 2.707 euros mensuales, es decir, unos 37.900 euros al año. De modo que una eventual subida de cotizaciones a las rentas más altas iría acompañada de una revisión del tope máximo de pensión, que rebasaría la cuantía anteriormente mencionada.

Aumentar el número de años para el cálculo de la base reguladora de la pensión

En los últimos días ha habido una gran polémica sobre la inclusión, por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de una modificación en el sistema de pensiones relacionada con el número de años que se tienen en cuenta de cara al cálculo de la base reguladora de la pensión. Actualmente, se tienen en cuenta los últimos 25 años y el Gobierno podría tener intención de ampliarlo hasta 35 años en 2023 pudiendo elegir los mejores años de cotización. 

De llegar a incluirse esa modificación, esto tendría su impacto directo en la cuantía de la pensión media inicial de jubilación, afectando aun más a las pensiones de menor cuantía y a las carreras laborales más cortas y que supone un recorte medio de entre el 5,45% y el 6,3%.

Vincular las pensiones a la esperanza de vida

Otro de los cambios a incluir en el sistema de pensiones sería incluir un nuevo mecanismo intergeneracional, que dejaría la puerta abierta  a que, por ejemplo la edad de jubilación en cada momento aumente si se eleva la esperanza de vida o disminuye la ratio entre ocupados y pensionistas, como está previsto que lo haga por razones demográficas. O, igualmente, podría disminuir la cuantía inicial reconocida a las nueva pensiones si se elevara la esperanza de vida o cayera la ratio de jubilados y trabajadores en activo, tal y como ya preveía el factor de sostenibilidad que Escrivá quiere ahora sustituir.

Asimismo, Escrivá ha anunciado recientemente su intención de seguir aumentando las bases de los que más pagan y, que incrementen sus aportaciones, pero al tiempo que sus pensiones (la máxima) no crezcan en la misma proporción.

Eliminar los límites de cotización de los trabajadores con sueldos más altos

Otro de los cambios a incluir en el sistema de pensiones sería eliminar, de manera progresiva, los límites en la cotización de los trabajadores con los salarios más altos. De esta forma, todo el salario que perciba el trabajador cotizaría a la Seguridad Social y, en paralelo, debería incrementar las pensiones máximas que reciben estos trabajadores para no romper la contributividad del sistema.

Utilizar los fondos del SEPE para el pago de pensiones

En las negociaciones para la reforma de las pensiones, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones quiere incluir la posibilidad de utilizar 12.000 millones de euros procedentes de cotizaciones sociales, que actualmente maneja el SEPE para el pago de las pensiones. Concretamente, se prevé derivar tres puntos porcentuales de la cotización que realizan los trabajadores al SEPE hacia contingencias comunes, que es la aportación que ingresa la Seguridad Social y con las que se sufragan las pensiones en nuestro país.

Esta medida llegaría en un momento muy delicado para las arcas del SEPE, debido al aumento del pago de prestaciones por desempleo provocadas por la crisis del Coronavirus (COVID-19). No en vano, la factura del desempleo, incluyendo prestaciones a parados y ERTES, rozará los 45.000 millones de euros, más del doble de lo gastado en 2019, cuando las ayudas a desempleados y afectados por ERTE costaron 19.000 millones de euros.

Siguiendo con la línea de evitar que la Seguridad Social deje de abonar gastos que le son impropios por ser universales y que hasta ahora se financiaban con cotizaciones sociales, los Presupuestos Generales del Estado 2021 prevén transferencias del Estado que se elevarán a 31.177 millones de euros, un 83% respecto a 2020.

Pensión de viudedad también para las parejas de hecho

Según informan en El Economista, el Gobierno podría estar barajando la posibilidad de que las parejas de hecho, debidamente inscritas también tengan derecho a la pensión de viudedad respecto de su pareja fallecida. Actualmente, este derecho sólo lo tienen las personas unidas en matrimonio, pero con esta modificación aquellas que sean pareja de hecho también accederían a esta pensión.

Por el contrario, también se está estudiando reformar las pensiones de viudedad para adaptarlas a la nueva realidad del momento social. El principal cambio vendría en el método de cálculo de la pensión, que quedaría condicionado a la situación financiera de la unidad familiar en la que conviva el beneficiario de la paga. Además, se plantea que otros factores como la edad o las cargas familiares también se tengan en cuenta a la hora de calcular la prestación.

Compensación por periodos no cotizados tras tener o adoptar un hijo

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha anunciado que se va a llevar a cabo una reforma en el sistema de pensiones para compensar la pensión por los periodos de baja o nula cotización tras tener o adoptar un hijo. Esta reforma, que podría entrar en vigor en 2021, permitirá que, a la hora de jubilarse se verá la vida laboral y se aplicarán unos coeficientes compensatorios a esos periodos sin cotizar tras tener o adoptar hijos que elevarán el importe de la pensión.

Con esta medida, se pretende reducir la brecha de género entre las pensiones de hombres y mujeres. Y esto teniendo en cuenta que, desde 2016, las mujeres pensionistas cobran un suplemento del 5% por haber tenido u hijo; del 10% por haber tenido dos o tres hijos y del 15% si ha tenido más de cuatro hijos, suplemento que no cobran los hombres.

Eliminar las lagunas de cotización de trabajadores autónomos y agrarios

En los Presupuestos Generales del Estado para 2021 se ha incorporado la enmienda presentada por Junts per Catalunya para eliminar las lagunas de cotización de trabajadores autónomos y agrarios.

La enmienda propone incluir una disposición final nueva en la que se pide al Gobierno que inicie los trabajos y consultas necesarias para realizar «las reformas normativas que supriman la situación discriminatoria que sufren autónomos y trabajadores agrarios, incluidos los asalariados» en referencia a lo que el texto propuesto denomina como lagunas de cotización a efectos del cálculo de la pensión de jubilación que se aplica en el Régimen General. Para ello, propone que a estos colectivos se les apliquen los mismos o equivalentes mecanismos a los previstos para la integración de lagunas de cotización en el Régimen General de Seguridad Social.

Nuevo complemento de maternidad en la reforma de las pensiones

Dentro de las reformas a llevar a cabo, la que parece estar casi definida es la de la creación de un nuevo complemento de maternidad que buscará cerrar la brecha de género en pensiones existente en el sistema por un diseño inadecuado mediante el que se compensará la pensión por los periodos de baja o nula cotización tras tener o adoptar un hijo, después de que el Tribunal de Justicia de la UE considerase que discrimina a los hombres.

Retraso en la edad de jubilación hasta llegar a los 67 años en 2027

La edad de jubilación continuará retrasándose dos meses cada año hasta llegar a los 67 años en 2027. Así, en 2021, la edad de jubilación será a los 66 años para los trabajadores que tengan cotizados menos de 37 años y 3 meses y a los 65 años para quienes superen ese umbral.

Además de la desincentivación a las prejubilaciones, el Pacto de Toledo abordará la separación de fuentes y restablecimiento del equilibrio financiero; la integración y convergencia de regímenes para garantizar los derechos y las obligaciones de los trabajadores autónomos; fomentar los planes colectivos de pensiones; sacar del sistema «gastos impropios» y contar con un marco estable que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas.

Entrada en vigor de la nueva reforma de las pensiones

La nueva reforma de las pensiones no entrará en vigor, previsiblemente, hasta mediados de 2021. Actualmente, el Pacto de Toledo está en plenas negociaciones con patronal y sindicatos por lo que el texto definitivo y su conversión en Ley retrasará aun unos meses su entrada en vigor.

Únete al debate 5 Comments

  • María Ruiz dice:

    Buenas tardes, yo he solicitado la jubilación para el 31 de diciembre de 2020, con 63 años y medio y 39 años cotizados, aunque mi intención era esperar al año 2021, pero por miedo de que me lo impidan o me suban más los coeficientes reductores, lo he solicitado. Puedo anularlo todavía en noviembre, me quitan el 11,25, es decir 7,5 por cada año que adelante.
    Podría jubilarme el 28 de mayo de 2021 con 64 años, sin que me pille el cambio de la reforma de las pensiones? Ésta podría aumentar mi coeficiente reductor o aumentar la edad de la jubilación anticipada voluntaria? .
    Muchas gracias

    • Ruth Muñoz dice:

      Buenas María,

      Para poder atender su solicitud, le recomendamos que contacte con nuestro Despacho en el teléfono 917 140 489.

      Muchas gracias.

      Un saludo.

  • Patricia dice:

    Entraría en vigor con carácter retroactivo al 1 de enero de 2021 si se aprobase a mediados de año?

    • Ruth Muñoz dice:

      Buenas Patricia,

      A día de hoy se desconocen fechas de entrada en vigor y posibles efectos retroactivos. No obstante, a medida que se vayan conociendo más noticias os mantendremos informados a través de nuestro Blog.

      Muchas gracias por leernos.

      Un saludo.

  • isabel dice:

    me llamo isabel , tengo 80 años de los cuales 60 casada y 4o separada legalmente.mi pension es el 20 porciento del sueldo de mi marido ya fallecido .quisira por favor medijeran en que situacon me encuentro respecto a la pensio apartir de ahora gracias

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