L a nueva reforma de las pensiones, encuadradas en el Pacto de Toledo, es uno de los objetivos que se marcó el Gobierno al inicio de su legislatura. Una reforma, cuya planificación y ejecución corresponde al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, cuyo ministro, José Luis Escrivá, ya está estudiando para su aprobación y posterior entrada en vigor.

Esta nueva reforma de las pensiones tiene como pilar fundamental las penalizaciones a las prejubilaciones o jubilaciones anticipadas, que según estimaciones del ministerio cuestan a las arcas públicas 8.200 millones de euros anuales al anticiparse a la edad real de jubilación y, por tanto, no cotizar esos últimos años.

Penalizaciones a las prejubilaciones

Actualmente, la edad efectiva de jubilación se sitúa en los 64,6 años, mientras que la edad legal de jubilación es de 65 años y 8 meses para quienes hayan cotizado menos de 36 años y 9 meses y de 65 años para quienes superen el anterior umbral. Esto provoca una ausencia de cotización en los últimos años para aquellos que optan por la prejubilación. En definitiva, el Estado pasa de dejar de ingresar por esas cotizaciones sociales a pagar antes de tiempo las pensiones de jubilación.

Esto es precisamente lo que quiere evitar el Gobierno en la nueva reforma de las pensiones. Para ello, Escrivá ha confesado que las reformas de las pensiones irán orientadas a “inducir a las personas a trabajar más en la medida que la salud se lo permite y facilitar fórmulas mixtas para compatibilizar la pensión con el trabajo».

El sistema que está barajando el Gobierno para penalizar las prejubilaciones consiste en el incremento de los coeficientes reductores aplicados a las jubilaciones anticipadas. De este modo, por cada año que se le gane a la edad real de retiro de los trabajadores, se reducirá un 25% el déficit de la Seguridad Social, es decir, se recaudarían 4.500 millones más.

De estas penalizaciones, podrían escaparse los trabajadores que hubieran cotizado más de 40 años, según el acuerdo al que parece haber llegado la presidenta de la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, Magdalena Valerio con la Asociación de Jubilados con más de 40 años cotizados (Asjubi40).

Asimismo, también se pretende llevar a cabo políticas corregir las distorsiones en el acceso a las jubilaciones anticipadas, que benefician a los trabajadores de mayor renta. En este sentido, se pretende hacer menos atractivas las jubilaciones para los salarios más altos.

Incentivar alargar la edad activa de empleo

En paralelo a esas penalizaciones a las jubilaciones anticipadas, el Gobierno maneja la creación de incentivos a aquellos trabajadores que quieran retrasar su jubilación y seguir trabajando, siempre que su salud se lo permita.

En este sentido, el ministro de Seguridad Social ha apuntado que esos incentivos al empleo y la prolongación de la vida profesional aportará al trabajador una pensión de mayor importe y un importante ahorro para Seguridad Social y empresas.

Actualmente, ya existen incentivos para los trabajadores que quieren alargar la edad de jubilación. En concreto, se les aplica entre un 2% y un 4% sobre la base reguladora de su pensión por cada año que el trabajador permanezca en activo, una vez cumplida su edad legal de jubilación. Estos incentivos distan mucho de los existentes en Portugal con un 12%; Reino Unido con un 10,4%; Alemania con un 6% o Francia con un 5%.

Asimismo, se permite compatibilizar el cobro de una pensión de jubilación con la realización de cualquier trabajo tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, ya sea a tiempo completo o a tiempo parcial, siempre que el trabajador haya cotizado lo suficiente para recibir el 100% de su pensión. Así, cobrará el 50% de su prestación reconocida y el 100% si es trabajador autónomo y contrata a un trabajador.

De llevar a cabo estos incentivos, según estimaciones de la AiRef, por cada año que se consiga aumentar la edad efectiva de jubilación, se pueden ahorra hasta 1,2 puntos del PIB.

Revalorización en la nueva reforma de las pensiones

Otro de los puntos clave en la nueva reforma de las pensiones es la revalorización de éstas que el Gobierno quiere dejar plasmada en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 y que supondría la revalorización de las pensiones en función del IPC.

Así, a pesar de que la reforma de las pensiones no entrará en vigor, previsiblemente, hasta mediados de 2021, la revalorización sí lo haría al inicio del próximo año.

Además de la desincentivación a las prejubilaciones, el Pacto de Toledo abordará la separación de fuentes y restablecimiento del equilibrio financiero; la integración y convergencia de regímenes para garantizar los derechos y las obligaciones de los trabajadores autónomos; fomentar los planes colectivos de pensiones; sacar del sistema «gastos impropios» y contar con un marco estable que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas.

Entrada en vigor de la nueva reforma de las pensiones

La nueva reforma de las pensiones no entrará en vigor, previsiblemente, hasta mediados de 2021. Actualmente, el Pacto de Toledo está en plenas negociaciones con patronal y sindicatos por lo que el texto definitivo y su conversión en Ley retrasará aun unos meses su entrada en vigor.

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