E n plena polémica por la futura (o no) subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2021 más allá de los actuales 950 euros mensuales en 14 pagas, cuyo estudio e implantación ha sido encargada a un consejo de expertos por parte del Ministerio de Trabajo, la Comisión Europea ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la “Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre unos salarios mínimos adecuados en la Unión Europea”.

En esta “Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre unos salarios mínimos adecuados en la Unión Europea”, la Comisión Europea ha dejado plasmado su interés de garantizar que el salario mínimo legal se encuentre siempre por encima del umbral de pobreza. Para ello, plantea fijar un umbral indicativo a escala de la UE como referencia para el salario mínimo legal en los países en los que éste existe, para lo que fija una serie de objetivos:

  • Los trabajadores deben tener acceso a la protección del salario mínimo, ya sea por ley o por convenio colectivo.
  • Se aplicaría a todo trabajador que tenga un contrato de trabajo o una relación laboral.
  • Ningún Estado miembro ni ningún trabajador están excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva.
  • Reforzar la cobertura de la negociación colectiva, con arreglo a las leyes y prácticas nacionales y de plena conformidad con el reparto de competencias y la autonomía de los interlocutores sociales.

Asimismo, a la hora de fijar ese salario mínimo, los Estados Miembros deberán tener en cuenta elementos importantes como la competitividad, la productividad, el desarrollo económico por sectores, la gestión de competencias, los nuevos procesos de producción debidos a la introducción de nuevas tecnologías, la digitalización y una organización del trabajo diferente y más flexible en determinados sectores productivos.

La implantación de este salario mínimo en todos los Estados Miembros se podrá llevar a cabo a través de sistemas de fijación de salarios bien desarrollados, regímenes de protección social que funcionen adecuadamente y ofrezcan redes de seguridad a las personas necesitadas, así como otras medidas para prevenir la pobreza de los trabajadores, así como el establecimiento de indicadores vinculantes que orienten a los Estados miembros y a los interlocutores sociales en su evaluación de la adecuación de los salarios mínimos legales y en la determinación e introducción de medidas pertinentes en los planes de acción nacionales.

No obstante, el procedimiento para la fijación de ese salario mínimo europeo será competencia de cada Estado Miembro, planteando sólo la Comisión Europea ejemplos de los sistemas que pueden emplear.

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