E l superávit que han declarado muchos ayuntamientos durante 2020 asciende a un total de 14.000 millones de euros, una cifra que el Ejecutivo quiere utilizar para financiar al Estado, en un momento como el actual en el que el gasto público se encuentra en niveles máximos.

En definitiva, ese superávit sería prestado al Gobierno y sería devuelto mediante dos ingresos en 2020 y 2021 de 5.000 millones de euros cada uno. El importante restante que serían 4.000 euros se destinaría a Hacienda que lo devolvería en un plazo de 10 a 15 años.

Críticas al Decreto del superávit de los Ayuntamientos

Este anuncio generó un gran polémica y fuertes críticas por parte de un gran número de ayuntamientos. En concreto, los alcaldes de Alicante, Almería, Badajoz, Badalona, Barcelona, Cádiz, Córdoba, Girona, Granada, Lleida, Madrid, Málaga, Marbella, Murcia, Ourense, Oviedo, Pamplona, Pontevedra, Pozuelo de Alarcón, Reus, Salamanca, Santander, Santa Cruz de Tenerife, Tarragona, Telde, Terrassa, Teruel, Torrelavega, Valencia y Zaragoza han presentado una propuesta alternativa al Gobierno: crear un fondo estatal incondicionado de 5.000 millones para todos los ayuntamientos que se reparta por criterios de población y otro específico de 1.000 millones para la financiación del transporte municipal.

Este Decreto que debe votarse el próximo 10 de septiembre, a día de hoy no cuenta con los apoyos suficientes y los alcaldes de estos 31 municipios han anunciado que asistirán conjuntamente a la sesión del trámite de convalidación en el Congreso para reafirmar con su presencia sus peticiones “y mejorar, desde la justicia y la igualdad, la situación financiera de las entidades locales”.

Para lograr sacar adelante ese Decreto, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado su congelación hasta lograr los apoyos suficientes, de tal manera que los grupos parlamentarios puedan incluir modificaciones durante su tramitación en el Congreso como proyecto de Ley y no como Real Decreto.

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